El Comité contra la Tortura hizo observaciones sobre “detenciones masivas” y “violencia desproporcionada” de efectivos policiales en las manifestaciones.
Asimismo, el Comité le reclama al Estado que “se deberá velar porque todas las denuncias” sobre violencia institucional contra las protestas “sean investigadas sin demora y de forma efectiva, independiente e imparcial; y, en caso de determinarse que hay agentes responsables, se les sancione adecuadamente”.
El informe de esta instancia internacional, al que tuvo acceso Tiempo Argentino, es una evaluación realizada en el contexto del 83ª período de sesiones ordinarias de la ONU sobre el cumplimiento por parte de los Estados de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El Comité le realizó días atrás una serie de consultas a funcionarios argentinos en base a informes elevados por las entidades que integran el Comité Nacional contra la prevención de la Tortura. El subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, fueron los encargados de comparecer en Ginebra, Suiza, donde sesiona el Comité de la ONU.
En su exposición, realizada a mediados de noviembre, el exjuez criticó a los organismos de derechos humanos de Argentina y negó la cifra de 30 mil detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar. “Pretenden tener a la República Argentina de rodillas dando explicaciones sobre lo que no tiene que dar explicaciones”, remarcó al exponer la posición del gobierno del presidente Javier Milei en relación a los derechos humanos.
No obstante, el Comité de la ONU indicó en su informe que “se observan deficiencias en el derecho de las personas privadas de libertad a ser informadas de las razones de la detención y de los cargos que se les imputan, especialmente en los arrestos realizados en la vía pública en situaciones de flagrancia o en el marco de registros policiales sin orden judicial, que afectarían particularmente a niños y niñas, personas trabajadoras sexuales y personas en situación de calle, principalmente aquellas que padecen enfermedades de salud mental”.
El Comité expresó su preocupación “por las informaciones recibidas en las que se denuncian actos de violencia desproporcionada por parte de efectivos policiales, así como un uso excesivo de la fuerza durante la realización de arrestos, especialmente en situaciones de flagrancia y registros policiales”. “Preocupan además las informaciones que denuncian detenciones masivas, seguidas de actos de hostigamiento y el arresto sin supervisión judicial en el marco de “operativos preventivos”. Se recuerda en ese sentido operativos realizados en barrios populares, incluidos contra niños y niñas, en Tucumán, y durante acciones de “orden y limpieza” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires contra personas en situación de calle, incluidas aquellas con enfermedades de salud mental o consumo problemático de sustancias.
También se hicieron observaciones sobre “falta de rigurosidad e independencia en los exámenes médicos de ingreso a centros de detención, que suelen realizarse de manera superficial y en presencia de efectivos policiales”. Al respecto, el relevamiento indica su “preocupación por la falta de información sobre un sistema unificado y actualizado de registro de personas privadas de libertad a nivel nacional”, y pide medidas tendientes a “garantizar medidas para asegurar las salvaguardas de las personas privadas de su libertad”.
El Comité observa que en Argentina “no se dispone de datos estadísticos actualizados sobre la situación en todas las provincias”. Asimismo, expresa “su seria preocupación por las situaciones de detención prolongada, incluyéndose informes de casos en los que algunas personas han sido retenidas por más de seis meses o inclusive más de un año, en comisarías y otras dependencias policiales”. Y pide “asegurar la grabación de todos los operativos policiales durante manifestaciones y protestas y garantizar el acceso a dichas grabaciones a los órganos independientes de investigación”, y también “investigar de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza en el marco de manifestaciones y protestas”. Además, sostiene que el “Estado Parte debe continuar sus esfuerzos para investigar todas las denuncias de crímenes de lesa humanidad, incluidas aquellas que involucren torturas y desapariciones forzadas, cometidas durante la última dictadura cívico-militar, proveer los recursos necesarios para ello”.
Argentina debe así “garantizar la preservación y el acceso a archivos estratégicos para las investigaciones judiciales e históricas, y seguir garantizando la reparación integral de las víctimas y/o sus familiares”. En esa línea, el organismo de la ONU sostiene que “todas las víctimas de tortura y malos tratos deben obtener reparación”.
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