La ONU en emergencia y el regreso del mundo gobernado por la fuerza

Algo esencial se quiebra cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas -ese foro donde, desde 1945, se pretendió conjurar la violencia entre los Estados- se ve obligado a sesionar de urgencia no por una catástrofe natural ni por un conflicto periférico, sino por una intervención militar de una potencia hegemónica contra un país de América Latina. No se trata de un episodio aislado ni de una anomalía coyuntural: es un acontecimiento que pone en jaque los cimientos mismos del orden internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial.

El episodio que motiva esta reunión de emergencia no interpela únicamente a los actores directamente involucrados. Interpela al sistema internacional en su conjunto. Porque cuando el uso de la fuerza se ejerce por fuera de los mecanismos colectivos previstos, cuando la excepcionalidad se vuelve práctica recurrente y cuando la soberanía de un Estado es vulnerada sin autorización multilateral, lo que se resquebraja no es una relación bilateral, sino la arquitectura jurídica que pretendía limitar la violencia entre las naciones.

La Carta de las Naciones Unidas no fue pensada como un documento ornamental ni como una declaración de buenas intenciones. Fue concebida como un dique frente a la barbarie del siglo XX, como un compromiso explícito para desterrar la guerra de agresión y subordinar el uso de la fuerza a reglas comunes. Allí se consagró la igualdad soberana de los Estados, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza y la obligación de resolver los conflictos por medios pacíficos. No como concesión moral, sino como condición mínima para la convivencia internacional.

Sin embargo, lo ocurrido obliga a preguntarse cuánto de ese pacto fundacional sigue en pie. Cuando una potencia decide intervenir militarmente en un país extranjero sin autorización del Consejo de Seguridad, sin alegar legítima defensa en sentido estricto y sin mediar invitación del Estado afectado, no estamos ante una interpretación forzada del derecho internacional: estamos ante su vulneración abierta. Y cuando esa vulneración proviene de uno de los principales garantes formales del sistema multilateral, la crisis adquiere una dimensión estructural.

Para América Latina, este escenario no es novedoso. Nuestra región ha sido, históricamente, el laboratorio donde se ensayaron las distintas formas de intervención: directa o indirecta, militar o económica, abierta o encubierta. Desde la Doctrina Monroe hasta las experiencias más recientes, pasando por golpes de Estado, bloqueos y tutelajes, la experiencia latinoamericana está atravesada por la tensión permanente entre soberanía formal y dependencia real. Por eso, lo que hoy se discute en la ONU no es una abstracción jurídica para nuestros pueblos: es una memoria activa.

La reunión de emergencia expone, además, las contradicciones internas del propio sistema de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad concentra la responsabilidad principal en el mantenimiento de la paz, pero también reproduce una estructura profundamente desigual, donde cinco Estados detentan poder de veto. Esa asimetría no sólo condiciona las decisiones: muchas veces las neutraliza, especialmente cuando uno de esos miembros permanentes es parte directa del conflicto. El resultado es un multilateralismo que diagnostica, pero no corrige; que nombra la crisis, pero carece de herramientas efectivas para revertirla.

En este contexto, la postura argentina introduce un elemento inquietante. Al respaldar la posición de la potencia interviniente en el marco de la ONU, el país se desplaza de una tradición diplomática históricamente anclada en la no intervención y el respeto a la soberanía. El reclamo por la liberación de un ciudadano argentino detenido en Venezuela -legítimo desde cualquier estándar de derechos humanos- queda así imbricado con una toma de posición que convalida una acción militar unilateral. Esa mezcla no es neutra: erosiona la coherencia normativa y debilita la defensa de los principios que, precisamente, protegen a los Estados con menor capacidad de presión internacional.

El problema no reside en denunciar violaciones a los derechos humanos ni en exigir garantías para las personas. El problema aparece cuando esas demandas se articulan con una lógica que relativiza la soberanía según la correlación de fuerzas. Allí el derecho deja de ser un límite y pasa a ser un argumento funcional a la política de poder. América Latina conoce bien ese desplazamiento: siempre comienza con una excepción justificada y termina con un orden donde la fuerza define los márgenes de lo posible.

La política exterior no es solo una suma de gestos coyunturales; es una construcción de sentido a largo plazo. Cuando un país periférico renuncia a la defensa consistente del derecho internacional, no gana margen de maniobra: lo pierde. Porque en un sistema global asimétrico, las normas comunes son el único escudo frente a la arbitrariedad de los más fuertes.

La reunión de emergencia de la ONU debería ser leída, entonces, como una señal de alarma. No solo por lo que ocurrió en un país de la región, sino por lo que ese hecho revela sobre el mundo que se está consolidando: un mundo donde las reglas existen, pero se aplican de manera selectiva; donde el derecho se invoca para disciplinar a unos y se ignora para habilitar a otros; donde la violencia vuelve a ocupar el centro del orden internacional.

Porque si la Carta de las Naciones Unidas deja de ser un límite efectivo al poder y se convierte en un papel invocable solo por los países sin capacidad de imponer fuerza, entonces no estamos ante una crisis diplomática coyuntural, sino ante la reconfiguración de un orden internacional donde la dominación vuelve a ocupar el lugar que el derecho pretendió desalojar.