Ordenan iniciar juicio de una causa emblemática de corrupción en el menemismo

La Cámara Federal de Casación Penal le dio un nuevo impulso al juicio oral por la añeja causa por corrupción durante el menemismo conocida como “IBM – Anses”. El episodio, el cobro de suculentos sobreprecios por parte de la multinacional informática y el pago de sobornos a funcionarios para la informatización del organismo previsional, se inició en 1998 y todavía no tiene siquiera fijada fecha de realización del juicio.

Mucho tuvo que ver en esa situación la interminable batería de apelaciones y planteos recursivos de las partes. A tal punto, que un tribunal oral federal llegó a declarar prescripta la causa, pero ello fue revocado por la Casación sentando como criterio que los delitos de corrupción en la administración pública son imprescriptibles. Ese postulado no se ha aplicado hasta ahora a otros casos y está en discusión, de modo tal que no es todavía jurisprudencia aplicable pacíficamente a todos los expedientes.

En esta última oportunidad, en fallo dividido, la Cámara de Casación rechazó un “recurso extraordinario” con el que los imputados, Alberto Minazzoli, Ricardo Cossio, Eduardo Novillo Astrada, Juan Carlos Cattáneo, Félix de Barrio, Gustavo Krieger, Daniel Hurrel, Gustavo Soriani, Liliana Almosny y Carlos Albero Juni pretendían que la Corte Suprema revisara aquella decisión que mantuvo abierta la investigación pese a que pasaron 20 años desde que se inició el expediente.

Después de la prescripción, la Casación resolvió “revocar la resolución  y remitir la causa al tribunal de origen para que en forma inminente continúe con su sustanciación y fije audiencia de debate oral para el presente proceso a la mayor brevedad posible”. Ello, pese a que ya pasó casi medio año, todavía no ocurrió.

Los imputados apelaron el fallo para ir derecho a la Corte, pero la Casación les puso un freno. “Lo resuelto por esta Sala no constituye sentencia definitiva ni puede considerarse equiparable a tal, no pone fin al procedimiento, ni impide su continuación, ni demuestran las partes un perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior”, dijeron los jueces Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos. El tercer integrante del tribunal, Mariano Borinsky, se había pronunciado por habilitar la instancia de la Corte Suprema.

El voto de mayoría sostuvo que los procesados y en camino del juicio oral “han basado sus impugnaciones en meros juicios discrepantes con el criterio adoptado, lo que no implica de suyo acreditar relación directa e inmediata entre la materia del pleito y la cuestión federal que invocan”. Dicho de otra manera: estos no son casos para que intervenga la Corte.

A todos les queda una instancia más para intentar que el máximo Tribunal intervenga: presentar un “recurso de queja”. Eso sí, tendrán que apurarse: a partir del 1° de enero de 2019, para ese paso procesal (que rara vez tiene éxito) deberán depositar 40 mil pesos como requisito, según establecieron los cortesanos el 11 de diciembre pasado. En caso de que la “queja” sea rechazada, los imputados perderán ese dinero.

Respecto de cuándo se realizará el juicio por IBM – Anses, la documentación a la que accedió Tiempo explica que desde que el tribunal oral recibió la orden de acelerar los plazos, “tampoco con posterioridad se produjo acto alguno, ni se fijó fecha de debate”.