El Tribunal de Casación de la provincia de Buenos aires ordenó hoy a los jueces que ejecuten en forma «inmediata» la medida de arresto domiciliario para los presos en cárceles bonaerenses por integren el grupo de riesgo ante el contagio de coronavirus y que hayan cometido delitos leves, pero advirtió que la decisión de la excarcelación debe ser comunicada a la víctima del delito que cometió el detenido.
La resolución fue dispuesta por el titular de Casación, Ricardo Borinsky debido a que defensores oficiales denunciaron que los jueces de primera instancia no cumplen con el fallo que el 8 de abril ordenó esa medida para los detenidos mayores de 65 años y con enfermedades preexistentes.
El fallo se dio a conocer en momentos en que presos de distintas cárceles de la provincia realizan huelgas de hambre en reclamo de que se agilicen los trámites para que les otorguen beneficios ante el aislamiento preventivo decretado por el Gobierno Nacional. Borinsky sostuvo que los jueces de primera instancia «deben cumplir esa medida pese a que no haya adquirido firmeza» y detalló que esas libertades «están exceptuadas de la regla que impone el efecto suspensivo en los recursos».
«Haciendo saber a los jueces que deberán ejecutar inmediatamente las medidas liberatorias dispuestas de conformidad con los criterios establecidos en el presente, aunque el pronunciamiento que las dispone no hubiere adquirido firmeza», consignó textualmente en la resolución.
El magistrado amplió además la resolución que había adoptado en abril Víctor Violini y ordenó también a los jueces que en los casos de otorgar el arresto domiciliario «no sólo deberán resguardar la integridad psicofísica sino también comunicarle la decisión» a la víctima del delito del preso que se libera. De esa forma, el juez hizo lugar a un pedido de asociaciones de víctimas de delitos que habían pedido se les informe las condiciones en las que se cumplirán los arrestos domiciliarios.
El 8 de abril último, Violini, de la Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense, hizo lugar a un hábeas corpus masivo presentado por los 19 defensores oficiales que invocaron la situación de hacinamiento y de inhabitabilidad de comisarías y penales para aquellos detenidos de más de 65 años o con patologías que los incluyen en grupo de riesgo ante el posible contagio del coronavirus. El magistrado ordenó que el grupo de riesgo que podrá acceder a ese beneficio lo integran las personas de edad avanzadas o con patologías preexistentes, sean mujeres embarazadas o madres con hijos menores alojados en las Unidades Penitenciarias.
