Organismos de DD. HH. denuncian un freno a juicios por la represión

Demoras, desarticulación de programas, áreas y políticas estatales, despidos de especialistas, quita de fondos y el aumento de las prisiones domiciliarias fueron las principales denuncias realizadas por organismos de Derechos Humanos y querellantes de todo el país en un encuentro con el fiscal general, Jorge Auat, a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Preocupados por el rol de la Justicia y del Poder Ejecutivo en los juicios por delitos de lesa humanidad, referentes de todo el país llenaron el auditorio del Ministerio Público Fiscal en la llamada “Mesa de Discusión Social e Institucional”.

“Si el año pasado el panorama era complicado por el rol de la Justicia, este año se agrega la actitud política del Poder Ejecutivo que obstaculiza los juicios”, definió el abogado querellante Pablo Llonto y marcó un dato más que preocupante: en la jurisdicción de San Martín, el Tribunal Oral Federal que lleva los juicios por delitos en Campo de Mayo tiene 16 juicios acumulados esperando por hacerse. “El año pasado hubo uno solo y, a ese ritmo, en San Martín hay garantizados 16 años de juicios”, agregó. Situaciones similares se repiten en cada jurisdicción. A las demoras históricas de la Justicia Federal en estos debates, se sumó ahora la apatía del Ejecutivo, que día a día suma despidos en sectores clave que aportaban al avance de las investigaciones y de los debates orales: las áreas de Derechos Humanos, de Defensa y Seguridad, el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos «Dr. Fernando Ulloa», el Programa Verdad y Justicia, entre otros.

“No es bueno el mensaje desde el Ejecutivo a la sociedad. La continuidad del proceso de Memoria, Verdad y Justicia debe ser sostenido desde los hechos y no sólo como discurso. Este achicamiento de las estructuras es preocupante”, señaló el fiscal Auat en diálogo con Tiempo. Sobre el panorama federal, indicó que hay jurisdicciones que tienen serias demoras, como Santiago del Estero y San Juan. “El tema no pasa sólo por tener juicios sino por el ritmo lento que tienen algunas causas, con una audiencia por semana en algunos casos. Un juicio de dos o tres años es un problema porque el tiempo es nuestro enemigo”, explicó el fiscal. Y aclaró que “los organismos siguen preocupados porque ven que la Justicia no está a la altura de las expectativas y se agrava a partir de que la comisión interpoderes de la Corte está paralizada”. 

En ese sentido, Llonto recordó que el año pasado abogados querellantes de todo el país entregaron al jefe de la Corte un documento con las dificultades en cada provincia. “Lorenzetti tomó nota y no se hizo nada. Ni siquiera convocaron a la Comisión Interpoderes. Mientras más grave es la situación, menos se reúne la comisión que tiene que resolver esos problemas”, detalló Llonto. Reuniones como la de la Procuración se replican en varios puntos del país. Días atrás, referentes de Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Formosa y Corrientes se encontraron en Resistencia alarmados por el panorama. El fiscal de Resistencia Diego Vigay explicó que “en Chaco existía una psicóloga (del Ulloa) para el trabajo en los juicios a la que no le fue renovado el contrato, con lo no hay acompañamiento de testigos desde la Nación para el juicio que comienza el próximo 27 de mayo”.

Además, destacó que por la falta de fondos del Consejo de la Magistratura, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) no puede continuar con sus trabajos de búsqueda de desaparecidos en el cementerio de Empedrados, donde ya fueron identificadas dos personas. «Es un panorama complicado. Nos queda el Poder Legislativo para crear una ley que contemple estos temas», subrayó Llonto.