Dos órganos de Naciones Unidas enviaron un informe al gobierno argentino en el que objetan la falta de consulta a las víctimas. Abuelas de Plaza de Mayo había concurrido al organismo internacional cuando se publicó en el boletín oficial el Decreto que busca convertir en un parque la guarnición militar donde funcionaron centros clandestinos en la dictadura.

El reclamo fue realizado por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU. En el informe objetaron la falta de consulta a las víctimas y remarcaron su inquietud por las posibles violaciones de las normas del derecho internacional de estos proyectos.
El proyecto para convertir Campo de Mayo en una reserva ambiental fue lanzada por el presidente Mauricio Macri durante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo de 2018, lo que generó el repudio de los organismos. En noviembre, el proyecto fue publicado en el boletín oficial, y Abuelas de Plaza de Mayo concurrió a la ONU.
En el informe los organismos de la ONU instaron al gobierno argentino a que “adopte todas las medidas necesarias para proteger el derecho de las víctimas de crímenes de lesa humanidad”, así como “el derecho a obtener garantías de no repetición tales como la preservación de los sitios de memoria histórica sobre el terrorismo de estado”.
Y remarcaron que “las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justificaría una atención inmediata».
El informe de los organismos de la ONU fue difundido por Abuelas de Plaza de Mayo en un comunicado en el que recordaron que aún hay 17 juicios pendientes por los crímenes de lesa humanidad cometidos en este centro clandestino, el mayor del país, y decenas de bebés –hoy hombres y mujeres- nacidos allí durante el cautiverio de sus madres todavía viven con una identidad falsa.
“El predio podría tener un gran valor probatorio en el contexto de las investigaciones presentes y futuras, acercarnos a una idea de lo que pasó con nuestros familiares”, señalaron las Abuelas. Y remarcaron que en los proyectos del gobierno no hay información sobre las medidas de protección que se tomarían para resguardar el lugar como Sitio de Memoria del terrorismo de Estado en la Argentina.
“Las Abuelas consideramos que el gobierno nacional avanza de manera inconsulta con un proyecto que entorpece la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia y advertimos que seguiremos luchando hasta que nuestros reclamos sean atendidos”, señalaron.
Cuando el 16 de noviembre pasado se publicó el proyecto en el Boletín oficial, Abuelas señaló que el decreto fracciona a Campo de Mayo en tres espacios diferentes: la “Reserva Ambiental” propiamente dicha, otro espacio de uso militar intensivo, y un tercer espacio del que no se especifica el destino, pero que, según versiones periodísticas, sería destinado a ampliar una planta del CEAMSE que ya funciona en el lugar.
“No puede descartarse que en los tres lugares se hallen restos de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar”, advirtió el organismo de derechos humanos, por lo que no descartó que eventualmente deban hacerse excavaciones en el lugar en el marco de las investigaciones judiciales en curso.
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