En una carta dirigida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, detallaron cómo el gobierno presiona a los jueces federales y advirtieron que existe un "grave deterioro institucional del Estado de Derecho" en el país. Le piden que intervenga para frenar a Cambiemos.
El documento, que fue entregado al secretario de la Corte Interamericana, Pablo Saavedra Alessandri por los abogados Luz Palmás Zaldua y Maximiliano Rusconi, denuncia cómo el Poder Ejecutivo Nacional usa la Justicia «como instrumento de disuasión, tortura y persecución» y plantea la violación al respeto del principio de inocencia, así como la privación de la libertad ambulatoria dispuesta contra decenas de personas -todos opositores a Cambiemos- sin fundamentación lógica respecto al riesgo de la continuidad del proceso penal.
«En el transcurso de los últimos tres años el ejercicio del Poder Judicial de nuestro Estado ha comenzado a desandar un camino que colisiona directamente contra los postulados más elementales de un Estado de Derecho. Lejos de mantenerse la sana, democrática y republicana independencia entre los poderes públicos, el Poder Ejecutivo Nacional ha ejercido de manera constante su presión política sobre los Magistrados que integran el Fuero Federal de este país», afirman los organismos en la misiva, en la que agregan: «Aquella situación ha llegado hasta tal punto que el propio Poder Judicial se ha convertido en un medio para perseguir a opositores políticos y a todos aquellos que sostengan proclamas distintas a las que enarbola el partido político que actualmente ejerce el gobierno nacional. La situación descripta puede ser advertida con meridiana claridad en el caso de los presos políticos que hoy, lamentablemente, pueblan los complejos penitenciarios de nuestra patria».
En este punto, recuerdan que en nuestro país está vigente el principio de inocencia y «que solo puede restringirse la libertad durante el proceso por motivos estrictamente cautelares». Pese a ello, desde que gobierna Cambiemos «se ha privado de la libertad ambulatoria a decenas de personas sin haberse podido fundamentar cuál sería la necesidad de tal injerencia en sus derechos fundamentales». Casualmente, apuntan, todas las personas que han sido encarceladas «resultan ser militantes políticos opositores».
Por todo lo detallado, los organismos consideran que existe un «grave deterioro institucional del Estado de Derecho» y piden a la Corte Interamericana Derechos Humanos que intervenga.
El documento está firmado por Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora; Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas; la Liga Argentina por los derechos humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos , la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Comisión Memoria , Verdad y Justicia – Zona Norte, H.I.J.O.S. Capital, Iniciativa Justicia y Foro por la Democracia y la libertad de los presos políticos.
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