Organizaciones de DDHH denuncian penalmente a Boluarte por los asesinatos de manifestantes

Cuatro organizaciones no gubernamentales de Perú presentaron una denuncia penal contra la presidenta Dina Boluarte, tres ministros y tres jefes policiales, a los que acusan de homicidio y otras violaciones de derechos humanos en la represión de protestas en la región sureña de Apurímac.

La denuncia fue presentada este martes ante el despacho de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), el Instituto de Defensa Legal (IDL), la ONG Paz y Esperanza, y el Equipo Legal Voluntario de Derechos Humanos.

La querella responsabiliza a los acusados por la “masacre” ocurrida a partir del 10 de diciembre en Apurímac, donde en pocos días hubo al menos seis muertos y 83 heridos en esa región, en el contexto de las protestas antigubernamentales iniciadas el 7 de ese mes en varios puntos del país.

Las entidades denunciantes afirmaron que en esos días hubo además “decenas de detenidos, torturados y víctimas de abuso de autoridad”, según el diario limeño La República.

El documento sostiene que son penalmente responsables no solo los efectivos policiales que cometieron esos delitos sino también “los autores mediatos, que forman parte de la cadena de mando”, porque “no es posible cometer una masacre sin el apoyo de las autoridades del nivel más alto”.

Por ese motivo, la denuncia alcanza a Boluarte y a los entonces jefe del gabinete, Pedro Angulo, y ministros del Interior, César Cervantes, y de Defensa, Alberto Otárola. De ellos, solo Otárola permanece en el equipo de gobierno, como primer ministro.

También incluye a los entonces director general de la Policía, general Raúl Alfaro; jefe del Frente Policial de Apurímac, general Luis Flores, y jefe de la División Policial de (las provincias) Andahuaylas y Chincheros, coronel Alexis Luján.

Perú vive una ola de protestas antigubernamentales desde el 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó al presidente Pedro Castillo horas después de que este anunciara la disolución del parlamento y la formación de un gobierno excepcional con supresión de garantías constitucionales.

En esas protestas se reclama esencialmente la renuncia de Boluarte y el adelantamiento de las elecciones generales previstas para 2026.

Sin embargo, el Congreso unicameral desechó en las últimas semanas más de media docena de iniciativas destinadas a anticipar los comicios a 2024 o incluso a este año.

En ese contexto murieron 49 personas (48 civiles y un policía) en enfrentamientos y otras 11 como consecuencia de los cortes de rutas, y al menos 1.299 personas (entre ellas, 333 policías y seis militares) resultaron heridas, según el último balance de la Defensoría del Pueblo, publicado esta tarde.

La Defensoría reportó además que este mediodía se mantenían 31 cortes de rutas en diversos puntos de 11 de las 195 provincias en las que se dividen los 24 departamentos regionales del país.