Organizaciones denuncian que la designación de Lijo y García Mansilla es un grave retroceso de la independencia judicial

En un comunicado conjunto, diferentes organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la decisión del presidente Javier Milei de designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces en comisión en la Corte Suprema de Justicia de la Nación constituye un “grave retroceso para la independencia judicial y la calidad institucional”.  

El comunicado lleva las firmas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales (Andhes), entre muchos otros organismos y organizaciones de derechos humanos, civiles y feministas.

El texto señala que la designación por decreto de “dos varones” en comisión para la Corte sin el acuerdo del Senado «constituye un avance indebido del presidente sobre el Poder Legislativo, una grave afectación a la independencia judicial y una palmaria ofensa al deber de garantizar la igualdad de género en el máximo tribunal, que impacta seriamente sobre su legitimidad y calidad institucional”.  

Según denuncian, la designación de Lijo y García Mansilla por el Decreto 137/2025 se aparta del procedimiento establecido por la Constitución, y “constituye un claro abuso de una controvertida facultad del Ejecutivo de ‘llenar las vacantes de los empleos que requieren acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso’ por decreto”.  

En ese camino resaltaron la previsión constitucional de que la designación de jueces para la Corte se realicen por “mayoría agravada de dos tercios” es una previsión de la Constitución para “evitar que el representante de un solo partido político pueda nombrar a un juez o jueza”.  

“La división de poderes hace a la esencia misma de nuestro sistema republicano de gobierno, y nunca puede ser avasallada por no conseguir los acuerdos políticos respecto de candidatos en particular”, detallan. Y completan: “El Senado tiene la atribución de no brindar acuerdo cuando considera que no están dadas las condiciones para proceder a una designación, eso es justamente lo que la Constitución le ordena hacer”.  

En ese sentido remarcan que, el hecho de que la Cámara Alta no se haya manifestado “de ninguna manera habilita un atropello institucional de esta magnitud”.  

Una Corte sin juezas  

El comunicado de los organismos hace, además, hincapié en la falta de mujeres en el Máximo Tribunal del país y que solo tres ocuparon cargo de juezas en toda la historia.  

En ese sentido el comunicado remarca que la designación por decreto de los jueces ignora las «múltiples objeciones ciudadanas expresadas durante el proceso de evaluación pública de los candidatos”, en las que fue señalada tanto la “falta de idoneidad e independencia de los candidatos”, como la “preocupación” por algunas de sus visiones.  

Pero además, alertaron que sólo tres mujeres, frente a 104 hombres, alcanzaron el cargo de jueza de la Corte Suprema en toda su historia. En ese sentido recordaron «el deber constitucional y convencional del Poder Ejecutivo de postular mujeres que reunieran las más altísimas cualidades para ocupar el cargo”.  

“Las reglas constitucionales no existen como una mera formalidad, sino como un mecanismo para resguardar el equilibrio de poderes”, agregaron. Y completaron: “Eludir el proceso constitucional para la designación de jueces compromete la legitimidad del Máximo Tribunal, al dejar a dos de sus cinco integrantes en una situación temporal y precaria, que los expone a presiones y afecta su credibilidad ante la ciudadanía”.  

En ese camino remarcaron que la búsqueda de consensos políticos para la integración de la Corte “es esencial para su legitimidad y clave para la seguridad jurídica sobre la cual se asienta el progreso social y económico”.  

Y concluyeron: “El Poder Judicial, especialmente la Corte Suprema, debe ser un pilar de respeto y confianza para la sociedad. Argentina no merece una Corte designada por decreto, ni un sistema de justicia que desprecie el valor de la independencia y la imparcialidad”.  

El comunicado lleva las firmas de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales (Andhes), Amnistía Internacional, Área Salud, Economía y Sociedad de CEDES, Asociación Civil Líbera, abogacía feminista, Asociación Civil por el Cumplimiento de los Derechos Humanos (ACuDH), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Asociación Pensamiento Penal, Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Asuntos del Sur, Campaña GQUAL, Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Colectiva Feminista La Revuelta, Neuquén, Patagonia Argentina, Democracia en Red, Directorio Legislativo, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), y el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.  

También de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Mujeres en Igualdad, Fundación Mujeres x Mujeres, Fundación para el desarrollo de políticas sustentables (Fundeps), Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Fundación Poder Ciudadano, Fundación Sergio Karakachoff, Fundación Sur 
FUSA AC, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Laboralistas Platenses, Liderar Mujer, Multi-Palabras Santa Fe, Programa Género y Derecho, Facultad de Derecho, UBA, Red de Profesoras de Derecho – UBA, Red de profesoras, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales – UNLP, Red Mujeres para la Justicia y Salta Transparente.