Organizaciones piden a Cafiero que revea la postulación oficial para la Agencia de Acceso a la Información Pública

Un grupo de organizaciones civiles de todo el país vinculadas a la defensa del derecho a la información solicitaron una reunión urgente al jefe de gabinete Santiago Cafiero, alertadas por el reciente nombramiento de un funcionario al frente de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), cuya idoneidad ponen en duda.

La AAIP es el órgano de control al Poder Ejecutivo en materia de acceso a la información pública. El 17 de febrero pasado, Cafiero propuso como director de esa agencia a Gustavo Juan Fuertes, abogado y escribano, en un proceso de selección que las entidades juzgan errado, puesto que, sostienen en su misiva, “el candidato propuesto no cumple con los requisitos de idoneidad para el cargo, producto de la falta de antecedentes relevantes que demuestren su conocimiento y compromiso con este derecho humano”.

En efecto, no se aprecia en el currículum de Fuertes, que ha desempeñado múltiples cargos y funciones en el sector público estatal, una trayectoria vinculada a temas de transparencia, acceso a la información pública o protección de datos personales.

Fuertes es actualmente asesor legal en políticas públicas de la Secretaría de Coordinación Administrativa que depende de la Jefatura de Gabinete. Antes había coordinado la implementación de programas como Precios Cuidados y Ahora 12 en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, y asistido en la coordinación de la Agenda 2030 para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en territorio bonaerense. Autor de proyectos de ley, decretos y resoluciones vinculados a la defensa de los consumidores y usuarios, no se le conoce, por el contrario, ningún antecedente laboral vinculado al derecho a la información.

La AAIP tiene una tarea insustituible en la protección de ese derecho, fundamental para una democracia de calidad en la que la ciudadanía pueda saber y participar activamente de los asuntos públicos. Entre sus funciones está la de resolver los reclamos de las y los peticionarios y monitorear la publicación proactiva de información, pero también el de garantizar que se apliquen los mejores estándares en la materia y sea estimulada una práctica ciudadana y estatal que permita contar con un Estado Abierto, basado en los pilares de la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Es asimismo el órgano encargado de proteger los datos personales y garantizar se respete el derecho a la privacidad.

“El correcto funcionamiento de la AAIP requiere de funcionarias y funcionarios con un alto compromiso en la temática y probada idoneidad en la materia. De lo contrario, se corre el riesgo de que sean tolerados menores niveles de transparencia y apertura de la información en manos del conjunto de las instituciones bajo la órbita del Poder Ejecutivo”, dice el comunicado firmado por una veintena de entidades, entre ellas la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Laboratorio de Políticas Públicas y Poder Ciudadano.

“Por ello –afirman–, y en el marco del proceso de selección abierto a la ciudadanía, es importante que las autoridades sean receptivas a este tipo de objeciones provenientes de la sociedad civil y brinden respuestas respecto de las preocupaciones planteadas. El compromiso del Poder Ejecutivo con el derecho de acceso a la información pública debe reflejarse en el tipo de perfil propuesto para ocupar este cargo, de lo contrario está en juego el derecho a saber”.

Hasta este lunes 15 de marzo está abierta la recepción de observaciones sobre la candidatura propuesta, así como el período de inscripción a la audiencia pública virtual –que se realizará el 23 de marzo a las 9 horas– para la designación de la autoridad de la AAIP del Poder Ejecutivo.

Hasta aquí, el pedido de reunión al jefe de gabinete, a fin de que el gobierno revea la postulación de Fuertes, no ha tenido respuesta.