En un comunicado de prensa conjunto, expertos y líderes de la sociedad civil expresaron que “el principal foco de alarma radica en la entrega total de los recursos estratégicos del país sin casi nada a cambio, y en el impacto ambiental”.
En un comunicado de prensa conjunto, expertos y líderes de la sociedad civil expresaron que “el principal foco de alarma radica en la entrega total de los recursos estratégicos del país sin casi nada a cambio, y en el impacto ambiental”.
“Los grandes centros de cómputos (data-centers) –continúa el documento– orientados a la IA requieren enormes cantidades de energía y de agua para el enfriamiento de sus sistemas. El proyecto garantiza la operación continuada de estos complejos por tres décadas, lo que forzaría al Estado a priorizar el abastecimiento hídrico y energético de las corporaciones tecnológicas por sobre las necesidades locales, avanzando sobre ecosistemas fundamentales y biodiversidad en zonas que ya sufren estrés hídrico, quitándoles autonomía a las provincias”.
En otro tramo, el comunicado destaca que “el Súper RIGI combina una masiva renuncia fiscal con beneficios impositivos excepcionales que, según la evidencia, resultan poco determinantes para atraer inversiones”.
Además, según las organizaciones, el esquema de «impunidad artificial» se combinaría con la reforma de la Ley General de Sociedades, que busca reconocer a entidades operadas por IA como personas jurídicas de responsabilidad limitada, un experimento legal sin precedentes globales.
“Un esquema donde algoritmos sin responsabilidad humana operan infraestructuras críticas, acceden a arbitraje externo y no pueden ser regulados, diluyendo cualquier posibilidad de sanción ante daños civiles o ambientales”.
Para Lucas Micheloud, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) “mientras el mundo debate cómo regular los riesgos de la inteligencia artificial, Argentina corre el riesgo de convertirse en una colonia energética y digital de las Big Tech, quienes buscan territorios para sus data centers, agua para enfriar sus servidores y energía para sus algoritmos, pero sin transferencia tecnológica, sin desarrollo científico nacional y sin soberanía sobre los datos ni la infraestructura estratégica”.
“El problema –insiste Micheloud–es que el Súper RIGI convierte esos bienes comunes en insumos para las corporaciones tecnológicas globales, profundizando una nueva forma de extractivismo: el extractivismo digital”.
Por su parte, Micaela Sánchez Malcolm, presidenta de Géneras, afirma que el proyecto constituye “un cheque en blanco con una delegación inconstitucional de facultades que garantiza un marco de impunidad fiscal, energética y legal para grandes empresas”.
Asimismo, Luciana Ghiotto, del Transnational Institute, destaca que el régimen “blinda por treinta años las condiciones regulatorias, fiscales, cambiarias y aduaneras”, impidiendo al Estado actuar ante crisis de desabastecimiento de agua o energía”.
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