Organizaciones sociales, sindicales y de magistrados se pronunciaron en contra de la baja de edad de punibilidad

Este martes se reune el plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familia, Niñez y Juventudes, Justicia, Presupuesto y Hacienda para debatir distintos proyectos de ley que buscan a modificar el Régimen Penal Juvenil y concretar uno de los objetivos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich: la baja de la edad de punibilidad. El debate había sido pospuesto tras ocurrir el fallecimiento del Papa Francisco durante los últimos días de abril.

Cabe mencionar que el proyecto de ley que impulsa la gestión de gobierno de Javier Milei con el apoyo de los bloques dialoguistas (PRO, UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y parte de Encuentro Federal) pretende bajar la edad de punibilidad de los 16 a los 13 años, con una admisión de penas de hasta 20 años de prisión.

Magistrados del país denuncian la demagogia punitiva

Magistradas y magistrados de todo el país, reunidos en el Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana (COPAJU), emitieron un comunicado en el que rechazaron los proyectos de ley que buscan bajar la edad de punibilidad. En este sentido, los calificaron como demagogia punitiva “en razón de la gran cantidad de argumentos normativos y fácticos que desalientan estas iniciativas que hacen foco en la persecución y criminalización de las infancias”, reza el texto.

Las juezas y jueces lamentaron “la efectividad del discurso de ‘demagogia punitivista’ que se proclama desde el Poder Ejecutivo Nacional y que se concreta en su proyecto de ley, como también en la mayoría de los catorce proyectos de ley que se encuentran en tratamiento a propuesta de diputadas/os nacionales”. Este discurso, agregaron, “se expande desde los medios de comunicación masivos en cada oportunidad que se difunden hechos ilícitos graves, reales, y aislados, en los cuales participan niñas, niños y adolescentes (NNyA) no punibles”.

Los magistrados recordaron que existen fundamentos jurídicos para no bajar la edad de punibilidad, entre los que mencionaron la recomendación del Comité de los Derechos del Niño de la ONU. «El Comité encomia a los Estados partes que tienen una edad mínima de responsabilidad penal más elevada, por ejemplo 15 o 16 años, e insta a los Estados partes a que no la reduzcan en ninguna circunstancia”, manifestaron en una cita de la Observación General N°24 de 2019. De igual manera, mencionaron que ya en octubre de 2024, en sus Observaciones Finales para la Argentina, el Comité recomendó al país “mantener la edad de responsabilidad penal en 16 años para todo tipo de delitos y se abstenga de rebajarla”. Por lo tanto, COPAJU advirtió que “una baja de la edad de punibilidad vulneraría el principio de no regresividad y generaría responsabilidad internacional para el Estado Argentino”.

No obstante, también existen fundamentos fácticos que abogan en contra de la baja. Al respecto, mencionaron que existe un “reducido número porcentual de niñas, niños y adolescentes no punibles que cometen conductas que podrían encuadrarse como delictivas, con relación a la totalidad de los delitos”. En ese punto, destacaron que “no hay dudas que las personas víctimas merecen una respuesta desde el Estado, como también los niños, niñas y adolescentes autores, pero la respuesta no es la baja de la edad de punibilidad, sino el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales, y ambientales (educación, salud, alimentación, vivienda, entre otros), por parte del Estado Nacional, de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires, y de los municipios”.

En contra de penalizar a los pibes de barrios populares

Por su parte, la Mesa de Articulación de Niñez y Adolescencia, que integran diversas organizaciones sociales y sindicales (Correpi, la Federación Judicial Argentina, ATE, CTA, entre otras) emitió un comunicado y fijó su “postura contraria a penalizar a los pibes de los barrios populares con el proyecto de ley en tratamiento en la cámara en este momento”. La Mesa mencionó que dicha conclusión cuenta con el apoyo de sectores de la iglesia católica, obispos y de la conferencia episcopal. “Hubo gran coincidencia en la necesidad de fortalecer el sistema de protección integral para la franja más vulnerable, los pibes no punibles de corta edad víctimas de la marginación, la discriminación la pobreza y la indigencia”, manifestó el comunicado.

Asimismo, la Mesa planteó la necesidad de prevenir las situaciones delictivas ampliando los recursos y dispositivos para la atención de adicciones para la inclusión deportiva y educativa. En este sentido, cuestionaron “el espíritu punitivista que sostiene el oficialismo en las cámaras, intencionalidad que no respeta las normas constitucionales y que no respeta la opinión de todos quienes se expidieron en contra de estos proyectos a lo largo de las comisiones el año pasado”, adujeron.