Organizaciones y familiares exigen que el gobierno cumpla con la Ley de Víctimas

A más de un año de la promulgación de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos (27.372), un importante grupo de familiares realizará el próximo viernes una manifestación en las puertas del Congreso para que la norma se implemente de manera urgente en todo el país. Los organizadores de la marcha se quejaron de que el gobierno haya elegido de “voceros a víctimas que no nos representan y que mientan diciendo que se está aplicando la Ley”.

“Somos ignorados por la administración de turno que no nos convoca a participar y lo que es peor por nuestros propios pares, otras víctimas, que niegan esta situación y hablan de la Ley de Víctimas sin tener real conocimiento de lo que sucede en la práctica y arrogándose la exclusividad de su sanción que nació del esfuerzo de miles de víctimas anónimas”, puntualizaron en un comunicado los distintos familiares.

El Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.372 en junio de 2017 y un mes más tarde fue promulgada. La antesala, fue la multitudinaria movilización bautizada “Para que no te pase” en octubre de 2016. Luego, el Frente Renovador presentó el proyecto que en lo medular contemplaba la representación jurídica a las víctimas de delitos en el marco de la figura del Defensor Público y la creación de Centros de Protección y Asistencia a las Víctimas en todo el país.

Una de las novedades más importantes que plantea la norma es la participación de la víctima, como particular damnificado, en todo el proceso judicial, sobre todo la ejecución de la pena. “Esto no pasa. La jueza de Ejecución Penal que lleva la causa de mi hijo no me recibe y no me notifican de los movimientos del expediente”, dijo a Tiempo, Graciela Pera, la madre de Matías Díaz, quien en un intento de robo fue asesinado de un balazo a los 21 años, el 19 de marzo de 2004 en Tigre, cuando atendía un negocio de computación. Por el crimen fueron condenados dos delincuentes a 17 y 18 años de prisión.

Graciela sabe que la libertad de los asesinos de su hijo está al caer y quiere enterarse cuando ocurra. Sin embargo, en el Departamento Judicial de San Isidro le niegan esa posibilidad. “Para la provincia de Buenos Aires el particular damnificado no es parte de la Ejecución de la pena, entonces no se nos informa de nada. Por eso buscamos que se adhiera a la Ley nacional o que se modifique el Código Procesal Penal”, agregó la mujer que mantiene contacto con organizaciones de familiares de todo el país que tienen el mismo impedimento.

“Queremos ser escuchados –continuó Pera-, porque el gobierno escucha sólo a un grupo selecto de victimas. Y esto no es político ni tiene que ver con una administración puntual. La gestión anterior ponía énfasis en escuchar a las Madres y Abuelas y me parece bien. Este gobierno hace lo mismo con cuatro o cinco víctimas que siempre están en los medios y en el candelero. Pretendemos igualdad ante la Ley”.

Si bien la adhesión a la Ley corre por cuenta de las Legislaturas provinciales, los manifestantes se concentrarán a partir del mediodía del viernes en la Plaza del Congreso por una cuestión de costos y de logística. La movilización fue denominada Por una Primavera con Justicia y cuenta con la adhesión de un centenar de familiares de víctimas de todo el país y de organizaciones como AVISE, FAVIFA, Fundación Carolina Aló, Malditas Picadas y Familiares de Víctimas San Martín, Consejo Asesor de Víctimas de Pilar, MAPALVI, entre otras asociaciones.