Oro blanco: sin retenciones, una ola de firmas extranjeras llega a la Puna a extraer litio

Lo llaman el “oro blanco”. El mineral del futuro. Aunque no hay que ir tan adelante: en el primer trimestre de este año aumentó su valor en un 47% y la tonelada supera los 7600 dólares. Todas las miradas apuntan al litio. Con él se hacen baterías para elementos electrónicos, desde celulares hasta automóviles, y se usa para almacenamiento de energía. La Argentina tiene un 20% de los yacimientos mundiales. Y si bien en los últimos años se habían anunciado proyectos estatales para darle valor agregado, la quita de retenciones y el precio en alza son un señuelo inmejorable para las mineras. La oleada de empresas privadas extranjeras que se internan voraces en el extractivismo de la materia prima ya arrancó. Lo que se pierde es el proyecto del litio como una industria nacional.

El 12 de febrero, Mauricio Macri anunció la liberación de retenciones para las mineras. La búsqueda del oro blanco desembocó en una reunión del presidente con el CEO de la firma canadiense Enirgi Group, Wayne Richardson, en septiembre. El empresario anunció que a fin de año comenzará en Salta la construcción de la planta de litio más grande del mundo, en el Salar del Rincón, a 3660 metros de altura. Con una inversión de 300 millones de dólares, esperan obtener 50 mil toneladas de carbonato de litio al año, que en 2019 generen más de 300 mil millones de dólares en exportaciones. No son los únicos. “Prácticamente el 100% de los salares están cubiertos con concesiones”, se sinceró el secretario de Minería de Salta, Ricardo Salas, al dar la noticia. Según estimaciones oficiales, en la Argentina habría disponibles más de 128 millones de toneladas de carbonato de litio.

La “Arabia Saudita del litio” la conforman Chile, Bolivia y Argentina. En Bolivia (que concentra el 40% de los yacimientos) su procesado lo maneja el Estado, y lo destina en su mayor parte a proveer de energía renovable a la población. En Chile (con el 20% de reservas mundiales), un escándalo entre empresas y funcionarios frenó las concesiones. En ese marco, la Argentina surge como la nueva meca para las mineras, que transportan la materia prima hacia los puertos del Pacífico.

SDIC (China), Posco (Corea del Sur), Galaxy y Orocobre (Australia), Eramet (Francia), FMC Lithium (EE UU) y Mitsubishi (Japón) ya informaron al gobierno de Macri la decisión de profundizar la “avanzada” en los salares de la Puna. «Nos parecen excelentes los cambios que están teniendo lugar. Ahora la Argentina es mucho más atractiva», aseguró Patricio de Solminihac, director ejecutivo de SQM (Sociedad Química y Minera de Chile), al anunciar el proyecto Caucharí-Olaroz, en Jujuy. La firma estuvo cuestionada en 2012 cuando su hermano Hernán la favoreció mientras era ministro chileno de Minería.

Miguel Bravo es arquitecto, experto en energías alternativas. Hace tres años emigró a los Estados Unidos. Desarrollaba autos eléctricos en Argentina, pero el gobierno anterior le negó el decreto de terminal automotriz. Entonces creó la Bravo Motor Company en Silicon Valley, región cuyo principal inversor es el propio Estado de California. En 2011 le ofreció al ministro Lino Barañao crear una fábrica batería de litio para proveer al desarrollo de vehículos, pero no tuvo respuesta. “Todos los anuncios son de inversiones extractivas hacia el exterior. Se primariza más. Lo que hacen es acelerar el saqueo”, dice a Tiempo. “Después hay falsos anuncios como el de Y-TEC (la empresa de tecnología creada por la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, en la interacción de YPF y el Conicet), que anuncia por enésima vez una supuesta fábrica de batería de litio, pero que sigue sin tener inversión”. 

Las provincias, encargadas del manejo de sus recursos naturales, reducen su accionar a participar de lo obtenido por las concesionarias. En Salta con Remsa, en Jujuy con la estatal Jemse, que obtiene el 8% de las ganancias privadas.

Uno de los potenciales de la cadena de valor del litio se había centrado en el plan Conectar Igualdad: las baterías de las netbooks tenían celdas de litio de ensamble nacional. A principios de año, el Ministerio de Educación a cargo de Esteban Bullrich, despidió a 60 personas del plan, y la entrega de computadoras quedó paralizada.

También se congeló la construcción del Centro de Desarrollo Tecnológico en Palpalá (Jujuy), que era financiado por el ex Ministerio de Planificación. “Nuestra expectativa es que se termine el edificio y vengan jóvenes investigadores del país y del exterior», pidió esta semana el director del Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía de la UBA, Ernesto Calvo, durante el III Congreso Internacional de Litio organizado en la capital jujeña.

“Está claro que el litio es la batería del futuro. No podemos desperdiciar esta oportunidad”, expresa Daniel Barraco, físico investigador del Conicet. Apunta a la industrialización del mineral: “Es el momento de hacer las baterías. Si el país no las fabrica, dentro de 20 años tendrá un gran problema, porque sólo el mercado automotor demandará 15 mil millones de dólares para cambiar las baterías. Somos capaces de hacerlas en el país”.

En 1912 la Argentina patentaba su primer vehículo eléctrico. Un siglo después, la ley que los oficializa está paralizada en el Congreso. En la administración macrista hay una interna entre ministros. El titular de Ambiente, Sergio Bergman, impulsa el avance de los coches eléctricos, sobre todo por el compromiso dado en el Acuerdo de París de disminuir para 2020 la emisión de gases. Se le oponen Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, propietario de una concesionaria de autos, y Juan José Aranguren, con las petroleras detrás. Sus diferencias se apreciaron en la reciente licitación para adquirir ómnibus eléctricos. Iban a ser 400, terminaron siendo 50.

En el Foro Mundial de Transporte de Alemania, realizado en junio, Dietrich sostuvo que el cambio climático “no se soluciona con vehículos eléctricos. Pueden ser muy atractivos y servir para el marketing, pero también son muy caros”.

“Parece que el destino de nuestro país es exportar soja y litio, todo primarizado, y comprar luego la innovación. En ese contexto, suena más que lógico que reduzcan el presupuesto en Ciencia”, sostiene Bravo, y agrega: «Es inexplicable que se hayan quedado las retenciones a la minería. Se le saca impuestos a algo cuyo valor se duplicó. No había ninguna necesidad”. «

Preocupación ambiental

La otra cara de la extracción de litio es la preocupación ambiental, por los millones de litros de agua que genera la difusión de sales hacia acuíferos de agua dulce y la llegada de inundaciones en las poblaciones cercanas. En 2010, 33 comunidades indígenas que habitan las Salinas Grandes, entre Salta y Jujuy, iniciaron una demanda contra ambos estados y las empresas, en reclamo del cumplimiento de sus derechos de participación y consulta. La actividad minera vuelve a explotar este año, con anuncios que los pobladores vieron en los medios, sin ser consultados. Denuncian que las explotaciones avanzan sobre sus actividades económicas, sociales y culturales. La mayoría trabaja del pastoreo de animales y la extracción de sal.

“Las comunidades se han enterado a través de los medios de comunicación. Por ley deben ser respetadas y debe cumplirse un protocolo de consulta, incluso en la fase de exploración”, reveló Alicia Chalabe, la abogada que las representa.