Otra instancia de negociación por el desalojo de 100 familias en Parque Patricios

Vecinos y familias del edificio Santa Cruz 140, del barrio de Parque Patricios, realizaron este martes una movilización al juzgado civil N° 60 de la ciudad donde se llevará adelante la última instancia de negociación, contra el desalojo de 100 familias que pretende efectuar el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“Como fruto de nuestra lucha, y en base a un dictamen y en base a un dictamen de la Defensora de menores interviniente, desde el juzgado civil nos convocaron a una nueva audiencia, abriéndose la posibilidad de llegar a un solución a nuestra problemática, donde participaran todos los funcionarios del gobierno que se encuentran a cargo de la diversas áreas que deben intervenir”, adelantó a Ileana Llanos, presidenta de la cooperativa de vivienda, a Tiempo Argentino.

El gobierno de la cuidad quiere desalojar a los habitantes del edificio Santa Cruz en donde funcionaba la fábrica textil SELSA en la década de 1990, cuando la empresa textil quebró, los edificios de los talleres fueron casi inmediatamente vendidos o rematados. De todos los edificios, sólo había quedado sin vender el de la sede social, que fue abandonado y a partir del año 2002 comenzó a ser ocupado y recuperado como vivienda por familias.

En el año 2010, el edificio de la sede social fue subastado, y las familias que allí viven intentaron obtener un crédito para comprarlo, pero no lo lograron.

Hace diez años enfrentan un juicio de desalojo iniciado por el empresario Leonardo Ratuschny, quien se dedica a los emprendimientos hoteleros en la Ciudad de Buenos Aires. El empresario lo compró en cómodas cuotas al gobierno porteño, con quien también mantiene otros negocios” denuncia Ileana Llanos a Tiempo Argentino, presidenta de la cooperativa.

Desde entonces, las familias llevaron adelante gestiones con el Instituto de la Vivienda (IVC) para poder conformarse como cooperativa amparados por la ley de vivienda N° 341, pero no tuvieron respuestas por parte del gobierno.

Según lo establece la ley 341. La normativa reconoce a las cooperativas de vivienda y les permite acceder a créditos a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC).

“El IVC está al tanto de nuestra problemática por lo menos desde 2014, cuando estaba como presidente Emilio Basavilbaso. Y todos los años nos responden lo mismo, que no hay presupuesto. Desde que asumió Juan Maquieyra no podemos tener una reunión con él para comentarle nuestra problemática, no nos quiere recibir. Y todas las mesas de trabajo que propusimos y que intentamos sostener siempre terminaron truncas porque no hay voluntad política”, cuenta Llanos.