Otra vez los bonistas: se viene un pago de intereses por U$S 1021 millones

El gobierno afrontará mañana un pago de U$S 1021 millones a los acreedores privados que poseen bonos emitidos durante el proceso de reestructuración de la deuda pública. Se trata del pago de intereses semestrales por los papeles entregados en el canje de títulos de septiembre de 2020.

Para afrontar esa suma, el Ministerio de Economía apelará a las divisas obtenidas con el dólar soja (unos U$S 3000 millones acumulados en diciembre) y a los desembolsos hechos en los últimos meses por el BID y otros organismos multilaterales de crédito.

De acuerdo al informe emitido por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), del total a pagar, unos U$S 627 millones corresponden a los bonos Global en dólares bajo legislación extranjera con vencimiento en 2029, 2030, 2035, 2038, 2041 y 2046; otros U$S 39 millones corresponden a títulos similares nominados en euros; y el resto (U$S 367 millones) es de los bonos en dólares emitidos bajo legislación argentina.

La particularidad de esos títulos es que tienen intereses crecientes (step-up, en la jerga), lo que en su momento permitió un fuerte alivio en el monto total a pagar por el país en el corto y mediano plazo. Así, mientras los papeles anteriores tenían un interés promedio de 7% anual, el GL30 (uno de los más representativos de la serie actual) arrancó en 0,125% anual y actualmente paga un interés de 0,5% anual. A partir de julio será de 0,75% anual y desde 2027 hasta su cancelación definitiva, de 1,75% anual.

Cuestión de plazos

La idea que comandó la reestructuración llevada a cabo por el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, era descomprimir los vencimientos de corto plazo, que entre bonos privados y el préstamo otorgado por el FMI al macrismo sumaban unos U$S 20.000 millones anuales.

En el interín, el gobierno contaba con poder enderezar la situación macroeconómica y comenzar a crear un clima de confianza hacia los inversores extranjeros para permitir que, a la hora de cancelar los nuevos títulos, el país tuviera acceso a los mercados internacionales para ir refinanciando esas deudas.

Sin embargo, pasados ya dos años y medio desde ese canje, y a sólo 18 meses de que comiencen las amortizaciones de los bonos de menor duración (en julio de 2024), poco es lo que cambió en ese frente. Las reservas brutas del Banco Central están más o menos en el mismo nivel que en 2019: apenas subieron U$S 700 millones desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández. El riesgo país bajó levemente en los últimos meses pero sigue por encima de los 2100 puntos, lo que en los hechos significa que, ante la falta de interés de eventuales compradores, los tenedores de bonos los tienen que comerciar a un valor muy bajo, de entre 25% y 35% de su valor nominal, para desprenderse de ellos.

Incertidumbre

Uno de los puntos que agrega incertidumbre sobre el tema es que el propio Fondo Monetario Internacional confía en que en un par de años, cuando las amortizaciones de esos bonos comiencen a sumarse, el país tendrá acceso a los mercados internacionales de crédito para conseguir los fondos necesarios para el repago.

Ese, de hecho, es uno de los cuatro criterios que la entidad toma en cuenta para otorgar préstamos por encima de la cuota máxima que le corresponde a cada país miembro (el préstamo a Argentina es de 10 veces esa cuota).

Pero los propios economistas del FMI dudan de eso. En el último informe que el staff técnico elevó al directorio, a renglón seguido de dar por cumplido ese requisito, plantearon sus reparos. «La lenta acumulación de reservas, la debilidad en los precios de los bonos externos y la reciente rebaja de la calificación soberana, son el actual desafío para acceder a los mercados de financiamiento externo», dice el documento.

Los reparos del organismo apuntan no sólo a las obligaciones con los bonistas sino a la posibilidad del propio FMI de recuperar los U$S 44 mil millones prestados. El FMI pone una fecha como un hito, las elecciones, antes de la cual se deberían recomponer las reservas para generar las condiciones de un regreso de Argentina a los mercados internacionales de crédito. «Esta evaluación, sin embargo, continúa sujeta a un alto grado de incertidumbre», admiten los técnicos de Washington (ver aparte).

Para lograrlo, las recetas que propone el FMI no son más que enunciados generales sin ningún asidero concreto en la realidad argentina. Tras señalar que se necesitan «políticas que apoyen la competitividad externa, los superávits comerciales y la inversión extranjera directa», agrega que eso debe ir de la mano de los «esfuerzos continuos para catalizar el financiamiento oficial neto». Ello permitiría, en potencial, levantar las restricciones en el mercado de cambios hacia 2025. «