Entre 2016 y 2019, fuimos despojados de nuestras condiciones laborales sin mediar protección alguna del Estado, atacados por una patota que buscó interrumpir –sin éxito– la continuidad de un medio recuperado por las y los trabajadores, y ninguneados por un gobierno que facilitó una concentración mayor en favor de los grandes medios.
La denuncia iniciada esta semana por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, agrega otro hilo en la historia de los ataques a la libertad de expresión: Tiempo Argentino también fue espiado ilegalmente por los servicios de inteligencia comandados por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Entre las más de 80 personas con cuentas de mail hackeadas, se encuentra Gerardo Aranguren, editor de Tiempo y exintegrante del Consejo de Administración de la cooperativa. No es la primera vez que sucede: Hebe de Bonafini alertó sobre la vigilancia ilegal de la AFI sobre 131 personas en una denuncia de febrero de 2017 que incluía a periodistas del diario. Una semana después, la presentación fue archivada en la papelera de la Justicia.
Unas pocas horas después de que la causa saliera a luz y una vez que expresamos nuestro repudio, decidimos dar otra respuesta colectiva: Tiempo es víctima del espionaje, pero todo ataque a la libertad de expresión pone en riesgo el derecho a informar sin restricciones. Con el acompañamiento del Cels y del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), solicitamos el acceso a la causa con el objetivo de conocer qué información personal y profesional fue obtenida y almacenada ilegalmente, qué se hizo con ella y por qué motivo fuimos víctimas de esta grave intromisión tanto de la privacidad como del libre ejercicio de la labor periodística. Actuar en conjunto garantiza un marco de protección frente a los derechos que fueron violados por las presuntas tareas de inteligencia. Pero no sólo eso: también busca disolver el efecto intimidatorio sobre cualquier redacción y terminar de una vez y para siempre con la vigilancia contra periodistas.
El desguace de los medios públicos durante el macrismo y la represión a los periodistas durante las coberturas de las protestas sociales denunciadas por el SiPreBA ante organismos internacionales suman otro hilo en los ataques a la libertad de expresión. Un periodismo libre y comprometido con el derecho a la información es aquel que fomenta el pluralismo y la diversidad como aspectos clave dentro de su función.
Terminar con las filtraciones y la inteligencia sobre las redacciones también es un modo de intervenir para lograr políticas públicas que mejoren la calidad democrática.
