Columna de opinión de Alfonso de Villalobos.
Sin profundizar en el concepto y como al pasar, el primer mandatario aseguró que no habría nada más solidario y equitativo que una Justicia que trate a todos los ciudadanos por igual, sin mirar la situación relativa de poder. La frase podría haber pasado inadvertida si no fuera por la sucesión de pedidos de juicio político a magistrados del fuero laboral que, de un año a esta parte, impulsan desde el ejecutivo así como la acusación de mafia que propinó el mismo Macri a los abogados laboralistas en junio de este año.
Es que el señalamiento cuestiona los fundamentos mismos del derecho laboral toda vez que se trata de una rama de la justicia que nace precisamente bajo el principio de preferente tutela que el Estado le concede al eslabón más débil de la relación laboral. Por ese motivo, los jueces laboralistas se consideran imparciales pero no neutrales.
El concepto que subyace es el que sostiene que la justicia laboral debe partir del hecho de que en el ámbito del trabajo existe una relación asimétrica entre patrones y obreros que debe ser equilibrada a través de este principio de tutela. Cuando el presidente aclaró que la justicia debe actuar sin mirar la situación relativa de poder, se refirió precisamente a que debe hacer caso omiso a esa desigualdad social y, por lo tanto, permitir que se traslade, sin solución de continuidad, al ámbito legal la desigualdad que existe en el terreno social en la relación entre capital y trabajo.
La frase no se largó en el vacío. En boca del presidente tuvo un carácter preventivo. Se enmarca en el plan reformista del gobierno en especial en lo que se refiere a la reforma laboral que asumirá la modalidad de sector por sector.
Es que, una vez logrado el beneplácito del triunvirato que conduce la CGT para negociar las medidas de flexibilización que reclaman las grandes patronales y el FMI, la justicia laboral podría convertirse en un escollo concreto para que avancen las medidas flexibilizadoras y un recurso al que podrían apelar algunos sindicatos y hasta trabajadores en forma individual.
La propia CIDH ratificó en Montevideo el principio de irregresividad de los derechos laborales a partir de lo que establece el pacto de San José de Costa Rica.
El gobierno es plenamente consciente del papel que podría jugar el fuero laboral y por eso, tal como lo adelantó Ámbito Financiero en el día de hoy, la ley de blanqueo incorporaría cláusulas que buscan poner un gran cepo a los posibles juicios laborales.
La aberración jurídica que lanzó el presidente no despeinó al presidente de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti que lo escuchó, impávido, en la primera fila del auditorio.
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