Otro día de huelga general y marchas en Colombia

Líderes de las protestas en Colombia llamaron a la segunda huelga general en menos de una semana en rechazo al gobierno de Iván Duque, que pese a su oferta de diálogo no consigue desactivar el descontento social que dejó en seis días cuatro muertos en las calles.

«Todas las acciones de movilización acordadas se mantienen», anunció Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, uno de los sindicatos más poderosos del país.

El dirigente encabezó la primera reunión entre el gobierno y algunos sectores de la protesta en la sede presidencial, que concluyó sin acuerdos.

«Hoy tendremos movilizaciones, cacerolazo al medio día, velatón [protesta con velas] y cacerolazos por la noche, paro el día de mañana», sostuvo Orjuela, del Comité Nacional del Paro.

Con poco más de quince meses en el poder, Duque comenzó el domingo un «diálogo social» frente a la presión sobre su gobierno conservador, que ya completa seis días de manifestaciones que no dan señales de fatiga. 

Miles de personas tomaron las calles desde el pasado jueves, cuando el llamado a un paro nacional derivó en la mayor movilización que haya enfrentado un gobierno este siglo en Colombia. Desde entonces se alternan el ruido de las cacerolas y las marchas con algunos episodios de represión oficial. 

El lunes murió un estudiante de 18 años herido el sábado por la fuerza antidisturbios de la policía (Esmad).

El caso de Dilan Cruz, quien fue herido por uniformados, encendió aún más el rechazo entre el movimiento estudiantil, que ahora pide el desmonte del Esmad.

«Es evidente que hay una decisión del gobierno nacional por reprimir y macartizar el derecho a la protesta», sostuvo Jennifer Pedraza, líder universitaria que hace parte del comité.

En medio de la ola de protestas que ha recorrido el continente sin un factor común, en Colombia las calles se volcaron contra Duque y su impopular gobierno. Casi siete de cada diez colombianos desaprueban su gestión, según una medición a noviembre de la encuestadora Invamer.

Duque encara un descontento que se ha venido gestando durante años. Colombia es el país más desigual entre los 36 socios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), arrastra un desempleo del 10,1% y una informalidad laboral que castiga a casi 50% de los trabajadores.

También los colombianos han hecho sentir su rechazo al rebrote de la violencia financiada por el narcotráfico en varios puntos, y el incumplimiento o retraso de los acuerdos de paz con las FARC, otrora la guerrilla más poderosa de América y convertida en partido en 2017.

«La impaciencia ciudadana es grande, el reclamo ciudadano es grande (…), pero también es muy importante entender que los gobiernos no pueden ni ser promeseros, ni los gobiernos tienen varitas mágicas con las que se producen soluciones milagrosas e inmediatas», dijo Duque el lunes.

El gobierno cree que es blanco de una campaña de desinformación y falacias que ha dado combustible a la movilización, aunque Duque considera legítimos algunos reclamos en su contra. En los últimos días el mandatario se ha empeñado en explicar los beneficios que según él también contiene una reforma en curso que busca aumentar la recaudación de impuestos.  

«La idea es devolverle el ciento por ciento del IVA (del 19%) a las familias más vulnerables de Colombia», dijo Duque este martes.

De su lado, centrales obreras rechazan supuestas iniciativas gubernamentales para flexibilizar el mercado laboral y las pensiones.

Aunque Bogotá es el epicentro de la revuelta social, miles se han unido en Medellín, Cali, Barranquilla o Manizales. 

Sectores opuestos a la marcha realizaron la víspera un plantón en el hospital de la policía, en el oeste de Bogotá, en homenaje a los 341 uniformados heridos desde el jueves en choques con manifestantes.

Aunque las marchas han sido en su mayoría pacíficas, han dejado cuatro muertos, unos 500 heridos entre civiles, policías y militares, 172 detenidos y 61 extranjeros expulsados por participar en «actos vandálicos», la mayoría venezolanos.

Las conversaciones con el gobierno se desarrollarán hasta el 15 de marzo a nivel nacional y regional para hablar de lucha anticorrupción, desempleo, «crecimiento económico con equidad», educación, fortalecimiento de instituciones, paz y medio ambiente.

Al final, se buscará consolidar un paquete legislativo, iniciativas de políticas públicas y que las «inquietudes» sean incluidas en los planes de desarrollo de los alcaldes que asumen en enero, explicó el coordinador nacional del diálogo, Andrés Molano.