Otro fallo judicial que dilata la investigación por el ataque a Tiempo

A pesar de que la Procuración General de la Nación y la Corte Suprema instaron al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi a investigar el “plan criminal” contra la libertad de expresión perpetrado por la patota dirigida por Mariano Martínez Rojas, el titular del Juzgado Criminal y Correccional Nº 8 decidió girar nuevamente la causa a su par Daniel Rafecas, la misma medida que tomó hace más de un año y que inició el conflicto de competencia que hizo que la causa quede congelada desde entonces. Este hecho se conoció en el mismo momento que el estafador correntino publicó en sus redes sociales una imagen que provoca a “atraparlo si pueden”.

Martínez de Giorgi consideró que la causa por el ataque a Tiempo debía ser investigada por Rafecas ya que él inicialmente recibió la denuncia por el ataque a la antena transmisora de Radio América en junio de 2016 perpetrado también por Martínez Rojas y su patota. Sin embargo, no consideró lo que dictaminó el fiscal Eduardo Ezequiel Casal y que luego fue ratificado por la Corte: el giro de la causa actuó en el pasado “en desmedro del principio de economía procesal y del buen servicio de justicia” y significó una “errónea aplicación de los principios básicos establecidos por la Corte”. En el mismo sentido se expresó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril último cuando instó al Estado argentino a avanzar en la investigación para evitar la impunidad.

Lo insólito es que Martínez de Giorgi fue el mismo juez que tuvo a su cargo la causa que se inició contra un grupo de periodistas y manifestantes el último 1 de septiembre por haber sido acusados de tirar piedras durante la manifestación por la aparición con vida de Santiago Maldonado. En esa ocasión las personas quedaron detenidas desde el viernes hasta el domingo para que fueran indagadas, mientras que Martínez de Rojas nunca pasó por esa instancia y logró profugarse. Hoy publica en Instagram fotos en la playa y el poster de la película Atrápame si puedes.

“Desde el 4 de julio del año pasado estamos dando vueltas esperando un juez que investigue y sancione lo que ocurrió, que es un ataque a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y a la circulación de dos medios de comunicación que fue absolutamente amparado por un rollo burocrático. Esto no es porque la justicia es complicada, sino que se trata de una decisión política de no ir contra Martínez Rojas”, señaló María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y abogada de los trabajadores de la cooperativa de Tiempo. “Eso se llama impunidad. La impunidad es un atributo del poder. Evidentemente Martínez Rojas sigue teniendo poder bajo la gestión de Cambiemos”, cerró Verdú. «