Otro guiño de la Justicia a Macri: lo desligan de la venta de Autopistas del Sol

Macri no es Macri, las autopistas administradas por “Autopistas del Sol” no tenían que ver ni con él, ni con las empresas familiares; el aumento del peaje y la clausura de un proyecto que preveía reducir el tránsito vehicular nada tienen que ver con que las acciones de esa empresa se hayan vendido redituando una ganancia de unos 20 millones de dólares. No hubo delito.

Así lo entendió el fiscal federal Guillermo Marijuán, uno de los aspirantes a ocupar el cargo de procurador general de la Nación que dejó vacante el 1° de enero pasado Alejandra Gils Carbó.

Se trata de la denuncia que a mediados del año pasado hiciera la ex diputada Margarita Stolbizer, quien advirtió que Sideco Americana SA, empresa relacionada con la familia de Macri, vendió las acciones de Autopistas Del Sol SA, que opera los peajes de la autovía Acceso Norte, por 19,7 millones de dólares a Natal Inversiones SA. 

¿Cuándo ocurrió eso? «Luego de sucesivos aumentos en los peajes dispuestos por organismos del Poder Ejecutivo y que han sido cuestionados por las organizaciones sociales que ofician en actividades de control sobre la prestación de los servicios de peaje en las rutas del país”. 

El incremento de peajes posibilitó una «ganancia extraordinaria» a Autopistas del Sol previo a su venta, lo que pudo haber incluso contribuido a mejorar su cotización para el traspaso accionario, sostenía la ex legisladora del GEN.

Dos datos adicionales robustecían la hipótesis delictiva. El gobierno puso fin a la creación de una suerte de “tren vip” desde Pilar hasta Retiro, impulsado durante la gestión al frente de los ferrocarriles del ex ministro Florencio Randazzo durante el gobierno anterior. Ese proyecto –ahora cuestionado en otro frente judicial por presuntas inversiones de dinero provenientes de cárceles de la droga de México- tenía como finalidad que los habitantes de la zona norte del Gran Buenos Aires pudieran dejar sus autos en un gran estacionamiento en Pilar, tomar un tren de alto confort hasta Retiro y de esa manera, descomprimir el ingreso de automóviles a la Capital Federal principalmente a través de las autovías administradas por Autopistas del Sol.

Al mismo tiempo, el costo del peaje en esas autopistas se incrementó en un 400 por ciento entre la asunción de Mauricio Macri como presidente y mediados del año pasado, cuando Stolbizer formuló la denuncia.

Medio centenar de informes del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) sostienen que “el aumento de los peajes en Autopistas el Sol, desde el punto de vista económico, son infundados”.

Sin la competencia del tren vip y con el peaje en tarifas cuadruplicadas, las acciones de la administradora de Autopistas del Sol se vendieron en casi 20 millones de dólares.

Pero en la causa judicial, que primero impulsó Marijuán y luego aconsejó archivar, el Presidente de Socma Americana S.A. y Sideco Americana S.A., Edgardo Prospero Poyard, explicó que la operación en esas condiciones fue “la venta regular de un paquete accionario entre particulares, que no merecen reproche alguno por haber sido totalmente legítimos y correctamente documentados”. Más aún, explicó que Macri no es Macri en ese negocio: “la participación que el Grupo Socma tenía en AUSOL era minoritaria, representando un 7% del capital social y un 2,36% del derecho político a voto, razón por la cual nada de lo que sucediera con AUSOL dependía del Grupo Socma, pues no influía en forma alguna”.

Para Marijuán fue suficiente. Sumó esa declaración a otros informes de organismos estatales y concluyó que la causa debía ser archivada. 

“Marijuan señaló que a partir de cuanto surge de las constancias reunidas, en autos se ha conformado un cuadro probatorio suficiente como para arribar a una conclusión que permite descartar la hipótesis inicial sobre la cual se asentó la investigación en la causa. De los elementos recabados no se advierte que funcionarios públicos de la órbita del Poder Ejecutivo hayan introducido en el tema sobre el cual se decidió, un interés particular y distinto del interés general de la administración pública”.

Stolbizer, ni nadie más, fue querellante en la causa. Sólo podía avanzar por impulso fiscal, y el fiscal consideró que no había nada más que investigar. Conclusión: aquí no ha pasado nada.