Los trabajadores denuncian incumplimientos por parte de Proteinsa, la empresa que se hizo cargo del programa impulsado por el presidente tras la quiebra presentada por el grupo de la familia Rasic. Sigue el paro.
Los trabajadores denuncian que les vienen prometiendo el pago de las indemnizaciones pautadas en el procedimiento de quiebra desde diciembre pasado y que la empresa Proteinsa, que actualmente controla la marca, se había comprometido ante la jueza a depositarlo el pasado viernes, lo que finalmente tampoco ocurrió. El pago corresponde a los trabajadores que están activos así como a los que esperan ser incorporados paulatinamente según estipula el plan de reactivación.
Así, ese plan entró en crisis puesto que la empresa que asumió el compromiso de pagar las indemnizaciones de los trabajadores cesanteados y aplicar un plan de reincorporación paulatina de trabajadores no cumplió con esa agenda. Por ese motivo ya hubo conflictos en junio de 2016 y en marzo de 2017. Según los trabajadores, Proteinsa, tampoco avanzó con las reincorporaciones, lo que dejó sin trabajo a más de mil trabajadores.
La empresa, sin embargo, aseguró que los plazos para la normalización de la compañía se mantienen tal como estaban previstos y que están en vías de reincorporar 400 operarios faltantes. Además aseguran que se encuentran produciendo al 70% de su capacidad y que planean volver a producir 400 mil pollos diarios durante el segundo semestre que es el volumen de producción que tenía la fábrica antes de la quiebra. Una vez que eso ocurra completarían la reincorporación de esos trabajadores.
La compañía, según los trabajadores, alega que la jueza impide la venta de propiedades del grupo con las cuales tenían previsto afrontar el pago de las indemnizaciones. Estamos cansados de las promesas, explicaron, al tiempo que informaron que la empresa contrapropuso en las últimas horas, nuevamente, pagar esa deuda pero prorrateada en varias cuotas mensuales.
La fábrica había sido el escenario elegido por el presidente para anunciar, en mayo de 2016, el veto a la ley anti despidos aprobada en el Congreso en un mensaje tácito que sugería que el plan de reactivación de la planta en conflicto desde el año 2013 sería el modelo que implementaría para todas las fábricas en crisis y que, de esa forma, no sería necesario impedir los despidos a través de una ley. Desde aquella fecha a esta parte los despidos se profundizaron en todo el entramado industrial e incluso, como reconoció el propio gobierno, muchas empresas incumplieron los compromisos asumidos en un sentido contrario en diciembre de 2016. El paro en Cresta Roja es un símbolo del fracaso de la política de reactivación industrial.
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