«Pactos» para aumentar las ganancias

En un avance más hacia la construcción de un relato edulcorado del neoliberalismo, el gobierno de Cambiemos ha continuado la impronta de flexibilización laboral, solo que bajo una nueva denominación: «Pactos de productividad».

En la gira por China, Mauricio Macri ratificó la mayoría de los acuerdos firmados por Cristina Kirchner, en especial la construcción de las centrales nucleares en Zárate y Río Negro. Pero el gobierno prometió a los inversores chinos extender a estas dos centrales el «pacto productivo» firmado por la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina junto con la Uocra, para bajar los niveles de conflictividad en los trabajos de remodelación de la Central Embalse. El acuerdo busca evitar medidas de fuerza que puedan derivar en «una demora indeseada que afecte el normal desenvolvimiento» de la obra. La contrapartida será una «bonificación extraordinaria».

Este es un paso más en la dirección de los acuerdos ya firmados en Vaca Muerta y con los gremios de la construcción, automotrices, textiles, calzado. En tanto, están en las gateras los rubros motos y biotecnología.

No obstante, este no es un camino de rosas para el gobierno. El acuerdo originario, el de Vaca Muerta, está encontrando varias resistencias para implementarse. Sucede que si bien fue firmado por las cabezas del sindicato, no obtiene el apoyo de las bases, que ven lesionadas significativamente sus condiciones de trabajo. Estas resistencias podrían replicarse en algunos de los acuerdos ya firmados. Como siempre, será la lucha de los trabajadores la que decida sus condiciones de trabajo, en la medida en que puedan sobreponerse al entorno de elevada desocupación que no ayuda.

Un cronista de La Nación, el 21 de mayo último, describió con precisión el objetivo de estos pactos de productividad: «Se trata, ni más ni menos, de un plan para mejorar los niveles de actividad y la rentabilidad en sectores agobiados por la pérdida de competitividad». Es decir, el fin principal es mejorar la ganancia empresarial.

En este punto, el presidente Macri sostuvo: «Como decía el General, que cada argentino aporte lo que consume, y yo digo que aporte todavía más de lo que consume, y eso va a hacer crecer al país, y nos vamos a ir para arriba». Como en otras oportunidades, es una interpretación desfigurada de la historia.

En La fuerza es el derecho de las bestias, Juan Domingo Perón diferencia claramente dos sectores sociales. Por un lado, la clase trabajadora, definida como «la clase útil». Enfrentada a ella, «la oligarquía, el clero, los sectores parasitarios de los profesionales y de las fuerzas armadas».

Estos dos sectores son esenciales para entender el texto que parafrasea erróneamente Macri. Perón sostiene que «el régimen justicialista había lanzado una ‘consigna negra’ para los parásitos: ‘cada argentino debe producir, por lo menos, lo que consume'». Una frase que parece dirigida al actual gobierno que fomenta la especulación financiera, así como las ganancias extraordinarias de los grupos empresarios concentrados.

Además, el «plus «que le agrega Macri para los trabajadores, «producir todavía más de lo que consumen», aparenta ser un llamado a la sobreexplotación. Nuevamente, en la mente del presidente, los trabajadores deberán cargar con todo el esfuerzo productivo. Una idea que coincide ampliamente con la presión de su gobierno para flexibilizar al máximo las relaciones laborales.

Negativo impacto social

El Indec publicó los valores de la Canasta Básica Total (CBT), compuesta por alimentos y servicios, que alcanzó los $ 14.501 en abril para una familia tipo, un monto necesario para no caer en la pobreza.

Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, en diciembre de 2016 –último dato relevado–, la mitad de los trabajadores percibía un ingreso inferior a los $ 10 mil. En este segmento, pueden caer en la pobreza muchos hogares, incluso con ambos cónyuges trabajando.

Lo más preocupante es que los valores de la CBT han venido creciendo por encima de la inflación. Ya sea que la midamos en términos interanuales (abril 2017/abril 2016), con respecto a diciembre de 2016 o en el propio mes de mayo, la CBT supera los incrementos del IPC del Indec. Esta evolución señala una tendencia firme por la cual los más vulnerables sufren una inflación superior al promedio, determinada principalmente por los precios de los servicios, en especial por los incrementos tarifarios. También indica, en parte, que la tarifa social no está alcanzando a quienes debería: es más una definición para construir el relato oficial, que una medida efectiva.

Tarifas que se incrementarían significativamente tras las elecciones, tesis reforzada por las declaraciones del ministro de Energía, Juan José Aranguren. Sobre el aumento del precio de la electricidad en la provincia de Buenos Aires, frenado por un juez, el ministro se preguntó «¿Quién decide lo que es gradual? Para eso están las elecciones», indicando que no habrá cambios en la política tarifaria. Para intentar justificar los incrementos, sostuvo que «el aumento es razonable porque, si no, está en riesgo el abastecimiento», una tesis que carece de sustento: lo que se discute es si las tarifas son accesibles para la población de recursos medios y bajos.

En el reportaje se le escapó una concesión a la gestión anterior, al sostener: «Cuando hablamos de razonabilidad tenemos que hablar de tiempos. Entre 2003 y 2015, los sueldos en Argentina aumentaron en promedio un 1600%, el tipo de cambio un 1500%, la inflación (…) 1300% y las tarifas en Edenor y Edesur 200%». Reconoce, aunque quizás no signifique una valorización positiva de su parte, que en los pasados 12 años kirchneristas los salarios les ganaron a la inflación, al tipo de cambio y a las tarifas. Todo un dato que ya se comentó en esta columna, y que ahora aparece inadvertidamente en boca de un ministro macrista.

Lo que no explica Aranguren es que a pesar del fuerte aumento de las tarifas de los servicios energéticos (electricidad y gas), en los primeros cuatro meses de 2017 los subsidios al sector energético disminuyeron solo un 10 por ciento.

La reducción de subsidios obtenida por el incremento de tarifas en el primer cuatrimestre es prácticamente compensada por los recursos para el «Plan Gas» que van a las firmas gasíferas para que supuestamente inviertan, aunque no hay metas explícitas y queda al arbitrio de las empresas.

De esa forma, lo que antes el gobierno direccionaba a los bolsillos de los consumidores, ahora se redirecciona a las compañías prestadoras. Un cambio que sin duda beneficia a las empresas, algunos de cuyos CEO están en el gobierno.

En su breve alocución por el 25 de Mayo, el presidente de la Nación criticó a «jueces, sindicalistas, empresarios, que se creen dueños de decirnos lo que tenemos que hacer» y se definió como «servidor público» luego de expresar que «somos los ciudadanos los que tenemos el poder». Una generalización asombrosa, el pararse en el grupo de los ciudadanos y autoexcluirse de los empresarios. No obstante, habría que preguntarse con cuáles ciudadanos se referencia Macri, puesto que el mensaje del cardenal primado, Mario Poli, fue muy claro: «Buena parte de nuestro pueblo no se siente invitado» porque «carece de lo necesario para una vida digna». Una frase que resume la situación social que imponen las políticas de desregulación, financiarización económica y beneficios a los grandes capitales. En el corto plazo, este modelo solo puede enfrentarse a partir de una oposición unida alrededor de un acuerdo programático en las próximas elecciones de medio término. «