Pagar la deuda con la recuperación de la fuga ilícita

El proyecto presentado por los senadores y las senadoras del Frente de Todos para la creación de un Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI, que se trataría próximamente en el Congreso de la Nación, pone en el centro del escenario la cuestión histórica de la fuga de dólares, la evasión y una forma de afrontar el pago de la deuda con el Fondo.

En lo esencial, el objetivo es buscar recursos para hacer frente a la deuda heredada sin que se afecten las posibilidades que el país tiene de utilizar sus recursos para mejorar la calidad de vida de la población. Lo interesante es que apunta a hacerlo a partir de gravar a aquellas personas residentes que no cumplieron con las leyes impositivas de nuestro país, que evadieron el pago de impuestos que les correspondía efectuar al haber obtenido importantes ganancias en nuestro territorio y que las enviaron al exterior.

El flagelo de la evasión y posterior fuga de capitales es de larga data. Sin ir más lejos, en el año 2015 participé en calidad de diputado nacional en la «Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros destinados a facilitar la evasión de tributos y la consecuente salida de divisas del país». Algunas de mis propuestas finales en ese entonces fueron la «eliminación o aguda limitación de las guaridas fiscales», la «protección para los denunciantes, en especial sobre las prácticas bancarias vinculadas con lavado de activos», y la «limitación de la ‘Private Banking’ o ‘Banca en Secreto'», presente especialmente en las entidades financieras internacionales. Por medio de esta última se elaboran estrategias contables y legales muy sofisticadas para «desviar» los fondos de sus clientes más adinerados hacia guaridas fiscales, evitando la carga impositiva.

En un informe de la ONU de julio de 2020, se sostiene que recaudar más fondos con los que mitigar el impacto económico y social creado por el Covid-19, en lugar de recurrir a un mayor endeudamiento, es la receta indicada para una América Latina donde, solo en 2018, el incumplimiento tributario se ubicó en 325.000 millones de dólares, equivalente al 6,1% del PIB. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el informe titulado «Acabar con los montajes financieros abusivos», destaca que «los avisos anónimos y las denuncias han dado lugar a investigaciones exitosas en muchos países, y siguen siendo una fuente útil de obtención de datos en un entorno de creciente descontento público con los evasores fiscales y aquellos que lo permiten».

En definitiva, se trata de hacer cumplir las reglas tributarias en cada país a quienes obtienen ganancias en ellos. También es un gran paso para empezar a recuperar parte de los fondos fugados del país por evasión impositiva, en algunos casos con maniobras de cambio de residencia, lo que permitiría obtener recursos para hacer frente a la deuda y liberar otros fondos para destinarlos a políticas de crecimiento, empleo y distribución del ingreso.

Consolidar la recuperación

Esta semana se conocieron varios datos de la macroeconomía que indican que la estrategia de un Estado presente apoyando el crecimiento viene dando sus frutos.

En términos generales, la actividad económica continúa recuperándose, ya no sólo respecto al nivel prepandemia sanitaria, sino comparándola con sus niveles en los últimos dos años de la pandemia macrista. Dentro de los componentes del PIB de 2021, que cerró el año con el ya conocido crecimiento del 10,3%, se destaca la variación interanual de la Inversión (+33%), ubicándose levemente por debajo de los niveles de 2018. También crecieron el consumo total (+9,7%) y las exportaciones (+9%). Por su parte, la industria registró una mejora de casi el 16%, superando el registro de 2018. Los sectores más afectados por la pandemia, como Hoteles y Restaurantes, también mejoraron aunque continúan sin recuperar los valores de 2019.

Más repercusión en los medios tuvieron los índices de pobreza del segundo semestre de 2021, publicados por el Indec. Con respecto al primer semestre de 2021, la incidencia de la pobreza registró una reducción de 3,3 puntos porcentuales tanto en los hogares como en las personas y bajó a 37,3% de la población de referencia a fin de 2021, el menor nivel desde la llegada de la pandemia. En el caso de las personas en situación de indigencia, se registró una disminución de 2,5 p.p., hasta el 8,2%, también un nivel similar al de la prepandemia. Si bien aún falta mucho por hacer, pues una parte importante de la ciudadanía no alcanza a acceder a un nivel de vida digno, hay que valorar la tendencia positiva y profundizar las políticas que se vienen aplicando.

Otro dato que se vincula con la recuperación es el de empleo. La tasa de desocupación del cuarto trimestre de 2021 bajó al 7%, el menor valor desde que se publica la presente serie (2016). Ello ocurrió a partir de un incremento de la población ocupada del 9,7% interanual. Esta dinámica adquiere relevancia dado que la tasa de desempleo puede disminuir porque aumenta la cantidad de personas ocupadas (lo que ha sucedido) o por un «efecto desaliento» es decir, parte de la población deja de buscar trabajo porque considera que ni siquiera vale la pena, que no ha sido el caso actual, dado el impulso que está teniendo la reactivación.

En relación con el nivel de ingresos de los y las trabajadoras, también se conoció el índice de salarios del Indec del mes de enero pasado. A pesar del alza de precios, tanto los asalariados del sector privado (+3,6%) como del sector público (+5,8%) registraron interanualmente alzas reales en sus ingresos. Un reflejo de las negociaciones paritarias y de la evolución del empleo y actividad luego de haber dejado atrás los peores momentos de la pandemia sanitaria. No obstante, y como viene ocurriendo hace tiempo, los no registrados mostraron una pérdida de su poder adquisitivo interanual del 6,6%, lo que lleva a la necesidad de generar políticas para regularizar a esta parte de los y las trabajadoras.

En este marco se inscribe el Programa Argentina Productiva 2030, una iniciativa que busca generar 2,2 millones de puestos de trabajo registrados hasta el año 2030 en el sector privado. Incluye, además, la creación de 100.000 empresas formales (12.000 por año). La intención es sacar a 9 millones de argentinos y argentinas de la pobreza, y tener «1 millón de pobres menos por año», según se señala desde el Ministerio de Desarrollo Productivo.

De lo que se trata, en definitiva, es de crecer y distribuir al mismo tiempo, haciendo frente a situaciones que generaron las dos pandemias, la económica heredada y la sanitaria. Son, después de todo, los objetivos que se plantearon desde el comienzo de la actual gestión del Frente de Todos. Pensando a futuro, resulta indispensable generar las condiciones económicas, sociales y políticas para evitar la posibilidad de que la ciudadanía se vuelva a inclinar nuevamente por recetas neoliberales que generan retrocesos enormes de las mayorías, en beneficio de unos pocos.