Las autoridades provinciales de Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe y otras 17 gobernaciones así lo expresaron en un comunicado conjunto.

“En nuestro país las moratorias previsionales existen como política pública y permitieron el acceso al derecho constitucional del beneficio de la seguridad social a más de tres millones de personas que habiendo alcanzado la edad jubilatoria, 60 años las mujeres y 65 años los varones, no contaban con los 30 años de servicios con aportes requeridos por la ley 24.241. Estas políticas implican el reconocimiento de las dificultades de las/los trabajadoras/es a la hora de reunir los servicios con aportes en el complejo mercado laboral y también la valoración del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Estamos frente a un paradigma en el que se intenta poner en juego las capacidades estatales con críticas sistemáticas y a la vez carentes de soporte normativo al rol del Estado como administrador y dinamizador de la economía en tanto desconocen el rol fundamental que debe asumir – aquí y en y los países que honran la inclusión y la equidad distributiva- en el desarrollo económico y social”, expresaron los vicejefes de estado provinciales.
Las y los firmantes del documento son: de Buenos Aires, Verónica Magario; de Catamarca, Rubén Dusso; de Chaco, Analía Rach Quiroga; de Chubut; Ricardo Sastre; de Entre Ríos, María Laura Stratta; de Formosa, Eber Solis; de Jujuy, Carlos Haquim; de La Pampa, Mariano Fernández; de La Rioja, Florencia López; de Neuquén, Marcos Koopmann; de Río Negro, Alejandro Palmieri; de Salta, Antonio Marocco; de San Juan, Roberto Gattoni; de San Luis, Eduardo Mones Ruiz; de Santa Cruz, Eugenio Quiroga; de Santa Fe, Alejandra Rodenas; de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder; de Tierra del Fuego, Mónica Urquiza; y de Tucumán, Sergio Mansilla; y de Misiones, Carlos Arce.
“La pandemia puso de manifiesto la importancia de contar con instituciones sólidas, como la Anses, que aseguren el bienestar. La existencia de una institución pública como la Administración Nacional de la Seguridad Social, a pesar de todos los intentos de subestimar y descalificar su rol ordenador de políticas justas y solidarias, fue capaz de resistir con eficiencia y resultados concretos el embate de políticas de ajuste y medidas de reducción del bienestar del neoliberalismo de los últimos años”, sigue el comunicado.
Los y las vicegobernadoras expresaron que en el actual escenario previsional, “las más afectadas son las mujeres, que históricamente presentan mayores tasas de desocupación e informalidad que los varones”.
El texto incluye críticas indirectas pero manifiestas a la oposición. “Pensar este proyecto tal como lo relatan algunos sectores, hablar de “reconocimiento al esfuerzo”, “declaración de la deuda como amnistía”, o pensar que acompañando se generan “desincentivos” e incluso proponer derogar el valioso art. 125 de la ley 24.241 que establece el valioso haber mínimo garantizado, implica desconocer el carácter alimentario de la prestación y los principios de sustitutividad, proporcionalidad y solidaridad que rigen en materia previsional. Así quedan en evidencia los dos modelos en discusión. Por un lado, pensar un Estado inclusivo, del que todas/os formamos parte, que ampara, que incluye, que iguala y por el otro, pensarlo como un observador externo, y así dejar al sector más grande de la población a merced de la supuesta “voluntad contributiva” que, como sabemos, no existe como tal”.
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