El pájaro de mal agüero

Ante todo, no está de más remontarnos al 14 de diciembre de 2015, cuando la entonces flamante ministra de Seguridad macrista, Patricia Bullrich, inauguró su gestión con el envío a Jujuy –por pedido del gobernador Gerardo Morales– de 150 gendarmes para desalojar un acampe de la Organización Barrial Tupac Amaru en la Plaza Belgrano, frente al Palacio de Gobierno.

Pues bien, el asunto terminó de la peor manera: 42 uniformados muertos al desbarrancarse en una ruta salteña uno de los cuatro micros que los llevaba desde Santiago del Estero.

Así concluyó el debut operativo de «La Piba», tal como le agrada que la llamen a esa mujer de 67 años.

El velatorio de los infortunados agentes del orden ocurrió en un enorme salón del Fórum, el moderno centro de exposiciones de la capital santiagueña, donde las dos hileras de ataúdes fueron colocadas en perfecta formación.

Entre los presentes estaba el jefe de Gendarmería, comandante general Omar Kannemann, y su sucesor, Gerardo Otero.

De pronto, dos empleados ingresaron con una inmensa corona floral en cuya faja de tela resaltaba el nombre de la ministra.

En ese momento, Kannemann le sopló a Otero.

–Tenga mucho cuidado con ella.

Otero, sorprendido, quiso saber la razón. Y la respuesta fue:

–Porque esa mujer es yeta.

La Providencia, muy atenta a las efemérides, dispuso que, exactamente ocho años después, Bullrich inaugurara su segunda gestión ministerial –ahora al servicio del régimen libertario– con la presentación pública del denominado «Protocolo antipiquetes», la hoja de ruta hacia una tragedia histórica.

¿Qué otra cosa se puede esperar de semejante plan de operaciones?

Ya es un lugar común resumir el ideario político de La Libertad Avanza (LLA) con sólo dos palabras: «ajuste y represión». En consonancia con ambas premisas, los dos únicos ministros que, por orden expresa del presidente Javier Milei, tuvieron a bien anticipar por televisión sus objetivos fueron Luis «Toto» Caputo (el gerente del estrangulamiento económico) y la buena de Patricia (el garrote del nuevo orden).

Había que ver a esa mujer, en cuyo saquito color rosa exhibía una gran escarapela de plástico, al desgranar su decálogo de amenazas. Lo hacía con su típica gestualidad –dientes apretados, labios casi inmóviles y mirada esquiva–, en medio de tartamudeos y cometiendo equivocaciones al leer sus dichos en la pantalla de una laptop.

«No queremos ningún corte de rutas o calles», fue su frase de arranque para luego anunciar la intervención de las fuerzas policiales sin orden judicial. «Ni siquiera –aclaró– serán autorizadas las manifestaciones que dejen libre un carril para la circulación vehicular». Dijo que habrá procedimientos en trenes y colectivos; que se identificarán a los «autores, instigadores y cómplices de los desmanes», además de multar a las organizaciones que las promuevan. Y que serán procesados quienes lleven niños a las marchas, entre otras medidas rayanas con el delirio. Lo cierto es que la cuestión puso en alerta a dirigentes políticos, a juristas y a los organismos de derechos humanos por no respetar las garantías consagradas por la Constitución y los estándares internacionales.

Por lo pronto, la respuesta de las organizaciones sociales fue convocar a una movilización para el 20 de diciembre.

¿Aquel día será como un globo de ensayo para la ministra?

Su reacción no estuvo exenta de gracia. Tal vez consciente de que entre su afán restrictivo y el elevado costo que deberá pagar en caso de ser aplicada a sangre y fuego la letra del «protocolo», apeló a su instinto de supervivencia. De modo que, por toda respuesta, reculó: «Tienen toda la posibilidad de hacer la marcha –supo decir–, pero la tienen que hacer por la vereda». ¿Acaso eso no impediría la circulación de los peatones?, se preguntan por lo bajo sus nuevos correligionarios de LLA. En fin, lo más atroz del presente es su estructura de chiste.

Mientras tanto, la pobre Bullrich se debate entre otros sinsabores.

Por caso, al día siguiente de asumir recibió una llamada telefónica de la mismísima secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La voz de «El Jefe» –como su hermano la llama– sonó ofuscada:

–¿Qué hiciste, Patricia?

Se refería a su papelón fundacional en esta etapa.

Es que ella acababa de derogar de manera inconsulta un reciente decreto de Alberto Fernández –acordado con Milei durante la transición– acerca de las custodias de expresidentes en el exterior, el cual establece que éstas dejaban de estar en manos de la Policía Federal (ahora bajo el mando de Bullrich) para pasar a la órbita de la Casa Militar.

Tal era el detalle que no le gustaba ella, y decidió corregirlo.

Lo cierto es que Fernández explicó a por las redes sociales el motivo de su decreto: no le parecía razonable que, fuera del país, la custodia de Cristina Fernández de Kirchner quedara en manos de Bullrich, ya que Gerardo Milman –un sujeto ligado a ella– aparece involucrado en su fallido magnicidio.

Quizás en su decisión haya incidido un hecho que, en mayo de este año, fue reflejado por la prensa: la declaracion judicial de Ivana Bohdziewicz, una de las secretarias a las que, días antes del atentado, Milman les soltó: «Cuando la maten yo estoy camino a la costa». Ella reveló entonces haber sido llevada a las oficinas de Bullrich, donde un perito (aportado por ella) tardó cuatro horas en borrar el contenido de su teléfono, el de la otra secretaria que oyó tal frase (Carolina Gómez Mónaco) y el de Milman.

¿Hasta qué punto Bullrich tuvo que ver con esa cuestión?

Lo cierto es que la jueza de la causa, María Eugenia Capuchetti, nunca se atrevió a citarla para profundizar el asunto.

Ahora ella es otra vez la máxima responsable de la seguridad del país. «