Caputo y Guberman pisan los pagos de PAMI y Discapacidad y ponen en aprietos a Mario Lugones

El plan económico del gobierno de Javier Milei es un organismo vertebrado de dos cabezas. Motivados por el obsesivo control de las cuentas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo, y su secretario de Hacienda, Carlos Guberman, ofician como autores intelectuales de los recortes y ajustes que los ministerios y entidades estatales deben cumplir a rajatabla desde el inicio de la gestión libertaria. Abrazados al siempre intocable equilibrio fiscal, los barones del Mecon mueven sus hilos sentados sobre la billetera del estado y empujan a otros ministerios al borde de un abismo riesgoso.

Desde hace al menos cuatro meses, el Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, acumula deudas con prestadores que ofrecen sus servicios tanto en PAMI como en el programa Incluir Salud, que garantiza la cobertura para personas con discapacidad. Según el relevamiento interno que se desprende de la situación económica de las veinticuatro provincias, el monto adeudado a las instituciones y prestaciones que sustentan la atención en el sector de discapacidad se posiciona cerca de los $250.000 millones, mientras que en la obra social de jubilados y pensionados el monto asciende a más de $700.000 millones.

PAMI, discapacidad y el cese de pagos

El cese de pagos provoca una cadena de inconvenientes. Los prestadores de servicios al estado nacional, quienes desde hace meses padecen el atraso de las actualizaciones de los montos por su trabajo, hicieron llegar en más de una ocasión una alerta frente a la imposibilidad de continuar brindando atención por la acumulación de la deuda. Sin prestadores, los afiliados y beneficiarios de los programas de atención estatal se ven obligados a acudir a la atención en hospitales y centros municipales y/o regionales, también afectados por el recorte de flujos nacionales, lo que provoca un colapso en el sistema sanitario, en crisis desde hace décadas.

Si bien el gobierno se vio obligado por la justicia a promulgar la Ley de Emergencia de Discapacidad -vetada en dos ocasiones por el presidente-, lo cierto es que la misma no está en funcionamiento. El Presupuesto 2026, sancionado gracias al aporte de gobernadores aliados, no contempla fondos para la ley sancionada, por lo que el monto destinado para cubrir estas necesidades está sujeto a la consideración del ministro de Economía, dueño del reparto de partidas de todo el estado nacional. En el caso del PAMI, pese a la reasignación de partidas de $100.000 millones extra el pasado diciembre, la situación está lejos de ser compensada.

En algunas provincias, el conflicto empieza a hacerse cada vez más palpable. En Córdoba, por caso, veinte intendentes firmaron un documento conjunto en el que denuncian al gobierno nacional por el incumplimientos en los pagos de prestaciones de PAMI y el Plan Sumar en los hospitales municipales. Según se desprende del reclamo, la deuda que la nación mantiene con la provincia ronda los 8.800 millones de pesos, de los cuales 400 millones corresponden a deuda de PAMI, mientras que los otros 8.400 millones al Plan Sumar. El atraso de los pagos es, en algunos casos, de más de seis meses.

Frente a esta situación, los jefes comunales hicieron saber que no descartan elevar el reclamo en la justicia. “Nos quieren forzar a que dejemos de darle atención a la gente, es criminal lo que están haciendo”, dijo a este diario un importante dirigente cordobés, furioso por los recortes cada vez menos justificados en materia de salud. El reclamo se extiende a lo largo y ancho del país y afecta, también, a prestadores de Santa Fe, Misiones, Santa Cruz y la Provincia de Buenos Aires, con mayor incidencia.

Desde el PAMI, en tanto, descartan por completo estos reclamos y se defienden advirtiendo que la obra social para jubilados y pensionados no tiene deuda con prestadores en las provincias, sólo un “saldo corriente” que se abonará de manera pertinente según cada caso. En este mismo sentido, desde la entidad estatal hicieron saber que la misma tiene una modalidad de pago a treinta, sesenta y noventa días y que por eso continúan habiendo montos pendientes de liquidación. Además, explican, el recambio del año fiscal tiende a generar atrasos “naturales” que luego son subsanados en cuanto “la rueda vuelve a empezar”. Sin embargo, las inconsistencias parecieran estar lejos de ser un mero desequilibrio contable.

Según las coincidentes versiones que brindan desde diferentes escalafones del oficialismo, por orden explícita de Caputo y Guberman, todos los ministerios deben mantener sus gestiones a base de un recorte contínuo de gastos que, a más de dos años de gestión, ya no hay manera de sustentar. La profundidad del ajuste, que en todas las carteras entendían como necesario, empieza a afectar el funcionamiento de ministerios, como el de Salud, que garantiza servicios esenciales como la atención médica a jubilados y pacientes con discapacidad.

No es una novedad, por caso, advertir que el ministro de Desregulación, Federico Sturzzeneger, tiene una particular fijación por cerrar el PAMI, al que considera una entidad innecesaria y deficitaria. El Coloso, como gusta de apodarlo el propio Javier Milei, fue protagonista en las decenas de movilizaciones que se llevaron adelante en defensa de la obra social y los trabajadores de la misma. Hasta ahora, el sentimiento desregulador parecía no ser compartido por el ministro de Economía, su ¿ex? rival en tiempos de Mauricio Macri. Sin embargo, los últimos movimientos del Messi de las finanzas ponen el foco sobre sus intenciones que, al parecer, ya dejan de sólo ser económicas y empiezan a asentarse en el terreno político.

Si bien desde el círculo del Lugones advierten que la relación entre los ministros es más que buena, puesto ambos se conocen desde hace varios años por los vínculos que cruzan a sus familias, lo cierto es que la insistencia de Caputo de utilizar como variante de ajuste un área de sensibilidad social extrema como el PAMI y el sistema de asistencia a discapacitados es, cuanto menos, llamativa. La profundización de esta medida por parte del ministro de Economía podría motivar un conflicto mayúsculo que, de no controlarse, podría tener considerables posibilidades de culminar con la eyección del titular de Salud de la cartera por verse sobrepasado por una situación que, en rigor, no puede controlar.

Diversas fuentes del gobierno coinciden en que ésta circunstancia podría generar nuevos cimbronazos internos en un oficialismo que todavía junta sus jirones luego del escándalo que tuvo a Manuel Adorni como protagonista por sus financieramente injustificados viajes a Punta del Este. Sin embargo, hay quienes advierten que la solución del conflicto neonato podría darse en el corto plazo.

Según pudo constatar este medio, prestadores de servicios fueron advertidos de que los pagos llegarán al término de este mes. Sin embargo, la misma promesa se repite desde, al menos, noviembre del 2025 y los montos siguen sin ser saldados. En este punto, conocedores del sistema y las relaciones sanitarias no descartan que el conflicto pueda escalar y sea resuelto a través de la justicia, aunque advierten que ese camino no resolvería las necesidades urgentes y el sistema seguiría de igual modo comprometido. Es una incógnita, en este punto, cuál es el plan del oficialismo para subsanar esta situación.

Pese a los insistentes contactos, desde el Ministerio de Economía no respondieron ninguna de las consultas realizadas por este diario.