Pami y discapacidad: la tensión Lugones-Caputo agrava la crisis, cada vez más afiliados afectados y Pettovello se desmarca

“Algún mecanismo va a haber, algún tipo de acuerdo”, fue la respuesta poco precisa que salió de Casa Rosada en relación a la crisis que sacude al Pami. La reunión del ministro de Salud, Mario Lugones, con su par de Economía, Luis Caputo, fue descripta como “productiva” pero no arrojó resultados concretos. Mientras tanto, los reclamos siguen y el riesgo de colapso del sistema aumenta. Lo mismo con el sector de discapacidad, con deudas millonarias, valores que no se actualizan para clínicas y prestadoras de servicios y transportistas a los que les aumentó el gasoil sin compensación.

El encuentro se produjo el miércoles en el Palacio de Hacienda. El eje giró en torno a una deuda con prestadores por más de 500 mil millones de pesos, atribuida a los fondos que le debe el Tesoro Nacional al Ministerio. La demora en los pagos se tradujo en restricciones en la atención y pone en riesgo la continuidad de prestaciones.

En medio del conflicto, llamó la atención un comunicado de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, aclarando que su gestión no se ocupa de Pami ni del sector Discapacidad. Su mensaje no cayó bien en el Gobierno. Ya había generado rispidez el despido de la ministra a un funcionario señalado por los polémicos créditos del Banco Nación, en una actitud que dejó en evidencia a los titulares de carteras que no tomaron medidas semejantes.

Cupos y copagos en PAMI

Lejos de las disputas en las altas esferas, los impactos de la crisis del Pami los sufren los más de cinco millones de afiliados y afiliadas de la obra social más grande de América Latina. Como consignó la agencia Noticias Argentinas, los jubilados de Olavarría, Azul y Bolívar ya tienen que pagar la consulta cuando van al médico de cabecera de Pami. Los médicos nucleados en estas regiones informaron que, hasta que el Pami no regularice la deuda, los afiliados serán atendidos bajo la modalidad de pacientes particulares.

“El jubilado tiene que venir al Pami para conseguir una orden de prestación para que pueda autorizarse”, detalló Susana Núñez, secretaria de Finanzas de la seccional 6 de Pami del gremio UTI (Unión de Trabajadores del Instituto). Una complicación más para quienes lidian con dificultades en la cobertura de medicamentos y entrega de pañales, entre otras cosas.

En Córdoba, en tanto, afiliados de Marcos Juárez tienen que desplazarse 120 kilómetros hasta Villa María por el cierre del Sanatorio Sudeste, aunque desde Pami aseguran que esa institución “deja de ser prestadora por un tema edilicio y administrativo”, no por las deudas.

Lo cierto es que desde fin del año pasado el sistema dejó de pagar regularmente las prestaciones a clínicas, sanatorios y hospitales privados. Eso llevó a que se impusieran cupos para estudios diagnósticos y turnos, que pueden tener hasta cuatro meses de demora.

“Asfixia operativa, económica y financiera”

Las organizaciones sociales como hogares que asisten a personas de Pami están entre las más afectadas y su continuidad pende de un hilo. “Que deba Incluir Salud es histórico. Que deba Pami, no. Y los dos juntos, menos. Pienso que hay una decisión detrás de esto. En general todos tomábamos a Pami como lo seguro. Ahora, no”, dijo días atrás a este medio María Bayá Casal, de la Federación Argentina de Organizaciones sin Fines de Lucro de y para personas con discapacidad (Fededis). También desde los hogares de la obra Don Orione hicieron saber que su continuidad peligra por falta de pagos de Pami.

Los ecos de la crisis se sienten en todas las provincias. La Asociación de Oftalmólogos de Río Negro (AORN) anunció una restricción de atención por tiempo indeterminado que alcanza a todos los afiliados al Pami en la provincia, por pagos pendientes. En Santa Fe, si bien no se tomó una medida generalizada, sí hubo ceses de atención puntuales y advertencias de más restricciones si los pagos no se regularizan. “Puede estar resentida (la atención) porque algunos comercios tomaron la resolución unilateral ya que hablamos de facturas de octubre impagas, al margen de que el valor de las prestaciones quedó atrasado”, dijo Lucio Marani, presidente de la Cámara de Ópticas de Rosario, a LT8.

En Córdoba, el presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados (Aclisa), Ignacio Escuti, dijo al diario La Voz que “los valores de Pami están muy por detrás de los costos reales, con atrasos que en muchos casos superan el 100%, en un contexto de aumentos permanentes”. Por eso las entidades del sector advirtieron a las autoridades nacionales sobre una “asfixia operativa, económica y financiera” que compromete la continuidad de la atención médica.

Desde las farmacias ya venían alertado sobre dificultades para sostener la atención por la falta de pagos de Pami. “Cuando los pagos no llegan a tiempo, se resiente toda la cadena de atención”, difundieron desde las principales entidades farmacéuticas a comienzos de año, en un comunicado para hacer llegar a Pami el reclamo de que regularice los pagos pendientes.

En este contexto se dieron las versiones de renuncia de Lugones. La desmentida de la cuestionable “Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina” no disipó las dudas sobre el futuro del ministro de Salud.

En Discapacidad la situación también se agrava, profundizado por ser al igual que Pami un sector sumamente sensible en lo social y en la salud. Pero no parece modificar la perspectiva de Economía que sigue frenando los pagos.

Los atrasos respecto al aumento de costos llegan al 160%. La crisis pone en jaque desde prestadoras y transportistas hasta los cottolengos.

“El cottolengo es una institución donde viven personas con discapacidad. En nuestro caso, el de Avellaneda, es un hogar con centro de día donde actualmente tenemos 84 mujeres con discapacidad intelectual y otras discapacidades”, explicó Diego Zotta, licenciado en Psicología y coordinador técnico del Cottolengo de Avellaneda en diálogo con el padre Juanca Molina en Rompiendo moldes por Radio 750.

Junto con el de Claypole -uno de los más reconocidos-, se trata de las primeras experiencias de este tipo en la Argentina. Zotta subrayó: “Históricamente la cadena de pagos de obras sociales y prepagas tiene un atraso de tres meses. Pero desde noviembre del año pasado esto se profundizó y estamos con demoras de cuatro o cinco meses, incluso más en algunas instituciones. Esto se está tornando insostenible”.