Las becas de maestría y doctorado descendieron de 48 en 2023 a 15 en 2025, y los subsidios de investigación pasaron de 113 a 0 en el mismo período. La FAUBA perdió entre 2023 y 2025 un 38% de los convenios con el sector privado y un 46% con el público.

El informe con los números en detalle fue presentado por la decana de FAUBA, Adriana Rodríguez, quien expuso sobre las consecuencias de la falta de implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.
El documento revela un deterioro significativo en las condiciones de trabajo docente, la actividad científica y la infraestructura universitaria. Según subraya, entre 2023 y 2025, renunciaron 77 docentes (el 11% del plantel rentado) y se registraron 25 jubilaciones anticipadas. En total, la Facultad perdió 60 investigadores activos (8,5%), y las renuncias se duplicaron respecto de 2020-2022, con un aumento del 103%.
“El 40% de los docentes que renunciaron manifestaron motivos económicos o salariales”, explica Rodríguez.
También afirma que, durante el mismo período, 43 docentes solicitaron licencias sin goce de sueldo (6%) y 5 redujeron su dedicación exclusiva para trabajar en otros ámbitos. Además, 22 docentes con dedicación exclusiva sumaron cargos en otras universidades, reflejando la creciente necesidad de pluriempleo.
“La actividad científica también se vio fuertemente afectada: las becas de maestría y doctorado descendieron de 48 en 2023 a 15 en 2025, y los subsidios de investigación pasaron de 113 a 0 en el mismo período. Además, la falta de fondos impidió la adquisición o reparación de equipos por más de 370 mil dólares y la ejecución de programas nacionales de equipamiento por casi un millón de dólares”, expresa en el informe.
En cuanto a la vinculación institucional, la decana señala que la FAUBA perdió entre 2023 y 2025 un 38% de los convenios con el sector privado y un 46% con el sector público, con una merma total de más del 50% en ingresos por transferencia tecnológica.
Y enfatiza que la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario está teniendo efectos concretos: «pérdida de docentes e investigadores, reducción de becas y deterioro de la infraestructura. Es urgente garantizar los recursos para sostener la universidad pública”.
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