Como con las papeleras, una refinería genera conflicto con Uruguay

Más de 10 kilómetros de playas sobre el río Uruguay estarán sombreados por cuatro antorchas de casi una cuadra de altas. El viento hará el resto: la combustión de las 700 mil toneladas de producción anual de metanol proyectadas por la planta química HIF Paysandú, en el lado charrúa, se respirará en Colón, San José, Villa Elisa o cualquiera de las ciudades entrerrianas que forman parte de esa geografía natural que han nombrado “Tierra de Palmares” o, como prefieren algunos promotores turísticos, “La Perla del Litoral”. Para impedirlo, vecinos, organizaciones, activistas y sindicatos de Argentina y Uruguay se reunieron para acordar una estrategia binacional con el objetivo de evitar la experiencia traumática que significó el conflicto entre ambos países por la instalación de la papelera finlandesa Botnia hace ya más de veinte años. “Esas heridas aún no cierran”, reconocen con amargura en la región.

“Pedimos la relocalización de la refinería porque nuestros territorios se van a ver afectados por las emisiones que esa industria va a generar; los efluentes, los ruidos, la luz, todo lo que implica va a transformar nuestra costa, que es reconocida internacionalmente por su riqueza natural. Nosotros no le decimos ‘no a la industria’, lo único que pedimos es que se relocalice”, explica Mariana Moricz, integrante de Somos Ambiente, la multisectorial del departamento Colón dedicada al cuidado del territorio.

La preocupación de los vecinos comenzó a mediados de 2024, cuando se enteraron que, durante una audiencia pública en la vecina Paysandú, se aprobó la recategorización de los suelos (de rural pasó a urbana) que la empresa HIF Global necesitaba en el predio ubicado en Constancia, bordeando el río Uruguay, en el que tiene proyectado una planta de producción de hidrógeno verde.

La construcción de la planta representa, según los empresarios y funcionarios uruguayos, la mayor inversión en la historia del vecino país, cercana a los 6 mil millones de dólares. El proyecto incluye la construcción del Parque Solar Fotovoltaico «Lucía», ubicado al norte de la localidad de El Eucalipto, y el Parque Eólico «Elena», en la zona de Cuchilla de Fuego. “La iniciativa –promocionan los inversores– está alineada con la estrategia de Uruguay para responder a la transformación global en la industria de los combustibles”.

“Empezamos a averiguar y lo que iba a ser la instalación de una planta de producción de hidrógeno verde terminó siendo una refinería que producirá metanol, que es un componente muy tóxico, sumado a la incineración forestal. Los combustibles tienen cierta complejidad y la posibilidad de una fuga es un riesgo muy grande”, resalta Carlos Serrati, uno de los voceros de la multisectorial.

“Colón –continúa– vive exclusivamente de la producción de alimentos y del turismo. Este proyecto interrumpiría un desarrollo histórico que hemos construido a lo largo de 40 o 50 años. Sabemos que Paysandú necesita empleo, pero la planta pone en riesgo cinco mil puestos de trabajo en Colón porque tenemos otro lineamiento económico que depende del turismo. Nos molestó mucho que el canciller (en referencia a Pablo Quirno) haya dicho que hay que respetar las inversiones en el Uruguay. Es una lástima que no haya reconocido también las inversiones en el lado argentino. Hoy Colón es una población en riesgo”.

Negocios

Del 26 al 28 de febrero, Fundación Roxa Luxemburgo, junto a organizaciones socio ambientales locales y del Uruguay, y el sindicato de los trabajadores de la empresa eléctrica estatal en Uruguay (AUTE), motorizaron jornadas públicas de debate para pensar juntos actividades de intervención y difusión binacional como la movilización –la cuarta ya– al puente internacional que une las dos ciudades.

“Paysandú está en una situación compleja a nivel de desempleo por el cierre de fábricas, y con los espejitos de colores que les venden estos proyectos sobre inversión y empleo, nos enfrenta entre trabajadores. ¿Cómo le digo a un obrero de la construcción que firme un petitorio contra la instalación de la planta de HIF?”, se pregunta Jhony Saldivia, presidente de AUTE, y no espera una respuesta.

“Nos oponemos a esta política de Estado, donde se generan las condiciones para que el capital extranjero venga a hacer su negocio. La presión que existe para levantar esta empresa se explica por la crisis económica y el desempleo en la región. Llegan e instalan una planta a cualquier costo, aunque esté el agua de por medio que, en Uruguay, es un recurso natural esencial protegido por la Constitución”.  «