Para el Gobierno, el pedido de juicio político a Rosenkrantz no es una represalia

El gobierno nacional salió este sábado a la noche a desmentir que el proyecto de ley de juicio político presentado por la diputada del Frente de Todes, Vanesa Siley, contra el juez que puso en la Corte Mauricio Macri, y actual presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz sea una represalia por la decisión de aceptar tratar los traslados de los tres jueces federales.

La diputada había presentado el proyecto el 25 de septiembre, cuatro días antes de que la Corte Suprema diera lugar al per saltum. Desde Rosada salieron a aclarar que “los diputados presentan habitualmente este tipo de proyectos de pedidos de juicio político y lo hacen a título individual. Por ejemplo, algunos legisladores de la oposición presentaron varios pedidos de juicio político contra la ministra de Seguridad, Sabina Frederic”.

Ya en 2017 hubo tres pedidos de juicio político a los jueces de la Corte Suprema Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti, presentados por diferentes bloques de diputados debido al fallo de la Corte del 2×1 a represores. Si en Rosada se despegan de la decisión de la diputada oficialista, aclaran que presentó un proyecto que retoma el sentido de aquellos cuestionamientos y los actualiza con hechos que a su entender protagonizó Rosenkrantz en causas por violaciones a los derechos humanos con posterioridad a 2017.

La diputada Siley sostuvo que inició ese pedido de juicio político porque “Rosenkrantz obstruye el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Sus compromisos políticos y económicos con corporaciones y personas vinculadas a la responsabilidad civil en la última dictadura militar están frenando el tratamiento de causas”.

“Es responsable de cajonear la causa “Blaquier”, para evitar que la Corte confirme el procesamiento de Carlos Pedro Blaquier por delitos de lesa humanidad. Tiene esa causa en su vocalía desde que asumió. Mientras sus familiares integran la misma fundación que los Blaquier. La reciente convocatoria a la comisión Interpoderes, a la que se negó desde que es Presidente (incluso ante 7 pedidos de los organismos de DDHH), es una victoria de la democracia y de nuestras Madres y Abuelas. No de la impunidad de los responsables del Terrorismo de Estado”, desarrolló la diputada.

Si bien en 2019 se comenzó a sustanciar el juicio en Jujuy por lo ocurrido en esa provincia en 1976, el dueño del imperio azucarero Carlos Pedro Blaquier y el administrador Alberto Lemos quedaron excluidos del proceso en marzo de 2015 cuando la sala IV de la Cámara de Casación revocó los procesamientos de ambos y los benefició con la falta de mérito. El fallo fue apelado en aquel momento por H.I.J.O.S. y el caso llegó al máximo tribunal vía recurso de queja. El expediente se encuentra en la vocalía de Rosenkrantz, cuya esposa, Agustina Cavanagh, integra una ONG junto a Miguel Blaquier. La mujer fue directora ejecutiva de la fundación Cimientos y en la actualidad forma parte del plantel de vocales junto al letrado.

Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos fueron procesados en noviembre de 2012 por privación ilegal de la libertad, por el secuestro de 29 trabajadores y referentes sociales entre marzo y julio de 1976. Los procesamientos fueron confirmados en 2013 por la Cámara salteña. La Sala IV de la Cámara de Casación Penal tomó el expediente en diciembre de ese año y en marzo de 2015 y beneficiaron a los empresarios con la falta de mérito y revocaron los procesamientos. Los jueces dieron por probado que la firma aportó vehículos para los secuestros pero consideraron que no hubo “dolo”, es decir que Blaquier y Lemos desconocían los fines para los que se usaron sus camiones. Tras ese fallo, la agrupación H. I. J.O.S. en calidad de querellante fue a la Corte en recurso de queja. En enero de 2017, la Procuración emitió un dictamen en el que pidió volver a procesar a Blaquier y a Lemos. Con la firma de la entonces fiscal ante la Corte, Irma García Netto, el Ministerio Público consideró que corresponde dejar sin efecto la falta de mérito dictada por Casación. Las abogadas de las víctimas presentaron un recurso para pedir a los Supremos que resuelvan la causa por el extenso tiempo transcurrido y, sobre todo, por la edad biológica de Carlos Pedro Blaquier, quien tiene 93 años.

El juicio por la Noche del Apagón comenzó el año pasado y está en pleno desarrollo, pero justamente sin Blaquier ni Lemos sentados en el banquillo de los acusados. En total, 113 víctimas –38 desaparecidos y 75 sobrevivientes– esperan justicia en el proceso que se lleva adelante en Jujuy, con 23 represores acusados.