La organización ecologista repudió el avance de la frontera agropecuaria en Salta que "reduce drásticamente las posibilidades de obtener alimentos, medicinas y agua". El documento se difundió a horas de conocerse una nueva muerte, esta vez de un bebé de siete meses.

“La mayoría de las comunidades indígenas no han obtenido la titularización de sus tierras y en las últimas tres décadas, con el avance de la frontera agropecuaria, aumentaron la destrucción de los bosques y los conflictos territoriales con empresarios que compran fincas que históricamente son territorio indígena y las deforestan, mayormente para ganadería intensiva y soja transgénica”, señaló en el documento Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Salta es una de las provincias con más deforestación del país. Según datos oficiales, entre 1998 y 2018 perdió 1.425.493 hectáreas de bosques nativos. Se estima, además, que en la región del Gran Chaco argentino hay alrededor de 200.000 indígenas de nueve pueblos originarios, en su mayoría wichí y qom.
“La degradación y deforestación de los territorios indígenas reduce drásticamente las posibilidades de obtener alimentos, medicinas y maderas para su sustento y forma de vida como cazadores – recolectores. Por otra parte, el acceso al agua potable se volvió cada vez más difícil, ya que muchas comunidades sufren la contaminación de sus ríos y arroyos con agroquímicos. Ante esta dramática situación, resulta evidente la pobre asistencia alimentaria por parte del Estado”, resaltó Giardini.
El comunicado de Greenpeace se difundió a horas de conocerse una nueva muerte en la provincia, esta vez de un bebé de siete meses que, según voceros del hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, ingresó con «evidentes signos de desnutrición».
De esta forma, ya suman ocho los niños fallecidos en lo que va del año en casos de desnutrición, de los cuales seis pertenecían a comunidades wichís del noroeste de la provincia.
Por último, Greenpeace aclaró que “apoya el acuerdo justo y equitativo de derechos indígenas pendientes y cuestiones relacionadas con los títulos como fundamentales para desarrollar sociedades sustentables”. La organización ecologista también suscribe la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, “incluso el derecho específico de autodeterminación, libertad, paz y seguridad, como individuos y colectivamente como pueblos distintos, y al consentimiento libre, previo e informado para las decisiones que los afectarán, incluso cualquier proyecto en sus territorios tradicionales”.
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