La organización ambientalista repudió las declaraciones del presidente de la institución ganadera, Daniel Pelegrina, quien se mostró preocupado por el avance en el Congreso de la Ley de Humedales. “El sector agropecuario es uno de los principales responsables de arrasar bosques”, denuncian.
“Repudiamos que la Sociedad Rural esté presionando para que el Congreso no sancione la Ley de Humedales y para que no se penalicen incendios y desmontes”, declaró Leonel Mingo, coordinador de Campañas de Greenpeace.
“El sector agropecuario –continuó– es uno de los principales responsables de arrasar humedales y bosques, mediante el fuego o las topadoras. No podemos perder ni una hectárea más.
En agosto del año pasado, Greenpeace había denunciado la responsabilidad del sector ganadero en la destrucción de los bosques nativos, con una intervención en la inauguración de la Exposición Rural con la leyenda “Ganaderos: Basta de desmontes. Destruir bosques es un crimen”.
Las declaraciones de Pelegrina se realizaron en un contexto donde los incendios siguen arrasando gran parte del territorio nacional. Según datos oficiales, en lo que va del año ya se quemaron casi medio millón de hectáreas, alcanzando a 14 provincias, “lo que significa un verdadero ecocidio sobre bosques, humedales y pastizales”.
De acuerdo a los datos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el 95% de los incendios forestales son producidos por intervenciones humanas; esto incluye la preparación de áreas de pastoreo con fuego; fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas y el abandono de tierras. Al mismo tiempo, factores climáticos como la falta de precipitaciones, las temperaturas elevadas, el bajo porcentaje de humedad, las heladas constantes y los vientos inciden en la propagación de las llamas.
Para la organización ambientalista las medidas para controlar el fuego son “insuficientes y deben ser ampliados los fondos e infraestructura para la prevención y lucha contra incendios”.
En ese sentido, Mingo afirmó que “necesitamos de manera urgente la sanción de una Ley de Humedales que incluya la realización de un inventario nacional; una moratoria que impida actividades hasta que el inventario sea finalizado y la inclusión de la figura de delito penal para quienes destruyan humedales y bosques” e insistió en que “la oposición de la Sociedad Rural no debe frenar la sanción de leyes en defensa de los bienes comunes”.
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