La legisladora nacional de Unión por la Patria se refirió a la decisión del gobierno de dejar afuera de la discusión paritaria a la secretaría de Educación.

La entrerriana, que presentó proyectos vinculados a la educación como el que propone un compromiso político para el sector e infraestructura tecnológica con el fin de garantizar conectividad, equipamiento y formación docente en todo el país, también habló sobre el tratamiento de proyectos referidos a las jubilaciones.
-¿Cómo toman la medida del gobierno nacional en relación a la discusión paritaria?
-El DNU 340 ha sido finalmente concretado después de no haber sido aprobado en su versión inicial, en el marco del tratamiento de la ley de bases. Respecto a salarios, este año no se acordó piso como lo establece la ley 26.075 sino que se definió por una resolución (la 381) un salario mínimo de 500 mil pesos que fue rechazado por los sindicatos del sector. La verdad que esa referencia de actualizarse según la inflación y el IPC debería ser aproximadamente de 630 mil pesos. Además, el DNU 341, referente a salario y paritarias, permite al gobierno no validar los acuerdos del Consejo Federal, lo que podría perjudicar a provincias y sindicatos. Se menciona también que el financiamiento de la educación ha caído significativamente, con un descenso del 57% desde el inicio de la gestión actual.
-¿Desde el Congreso en qué proyectos está trabajando vinculado a la educación?
-Lo que proponemos en el proyecto de ley que está acompañado por un conjunto muy importante de legisladores, es la derogación del decreto 340 y 341. Al mismo tiempo declarar nulos todos los actos administrativos y jurídicos derivados de su aplicación. Son un ataque directo al derecho laboral, sindicalismo y cualquier intento de resistencia organizada.
-¿Qué piensa que va a pasar con los proyectos para jubilaciones? ¿Cree que es posible construir una mayoría antes de octubre?
-Respecto a la iniciativa de jubilaciones, tal cual lo planteó el presidente de nuestro bloque (Germán Martínez) vamos a insistir en reconocimiento a los acuerdos que surgieron del plenario de comisiones, que por cumplimiento del emplazamiento funcionaron. Si los avatares de presiones o coacciones respecto a las situaciones que se dieron y al resultado final de un ajustado número de legisladores que impidieron el quórum, a mí me parece que eso es una cuestión que se puede modificar. Nuestra insistencia va a permanecer porque nos parece absolutamente justa la respuesta que hemos trabajado y que la incidencia presupuestaria, tal cual lo informó la Comisión Permanente del Presupuesto de la Cámara y lo expresaron distintos diputados, diputadas, es insignificante. Creo que es una cuestión estricta de justicia social.
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