Para los peritos de la Corte no hubo delitos en la compra de derechos de TV

El cuerpo de peritos de la Corte Suprema para casos de corrupción y delitos contra la administración pública no detectó irregularidades en la contratación de los derechos de televisación de torneos de fútbol durante el anterior gobierno. Se trata de la compra de los derechos de los Superclásicos de las Américas 2011 y 2012; el amistoso Argentina-Brasil 2012; el Mundial 2014; la Copa América 2015; el Sudamericano Sub 20 de 2013 y el Mundial Sub 20 de ese mismo año.

El peritaje había sido pedido por el fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de una causa que instruye el juez federal Daniel Rafecas y en la que están bajo investigación, entre otros, los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina y los excoordinadores del programa Fútbol Para Todos Gabriel Mariotto y Pablo Paladino. El trabajo apuntaba a determinar «si los montos abonados por la Jefatura de Gabinete se asimilan a los valores de mercado», es decir si el gobierno anterior había pagado un monto justo y adecuado o si habían existido sobreprecios.

«La venta de servicios de transmisiones televisivas, tales como las que nos ocupan, se lleva a cabo dentro de un mercado de baja o nula competencia desde el punto de vista de los oferentes. Se trata en general de un único intermediario, el cual posee los derechos para la comercialización derivados del propietario original. Un mercado concentrado, donde quienes poseen la capacidad de ofrecer el producto, se encuentran en una posición de poder casi absoluto», dice el peritaje. Los derechos de televisación los poseía la empresa Torneos y Competencias (TyC), que decidía en qué condiciones accedía a cederlos a sus clientes (en este caso el Estado nacional). El peritaje determinó que en ese escenario «no existe una negociación en términos libres e independientes que permita asegurar un valor como el que podría surgir de un mercado competitivo (…) No podría hablarse aquí de la existencia de un valor de mercado, si por ello se trata de establecer un precio razonable a nivel general para toda operación».

Los peritos explicaron que el precio de los derechos está relacionado con «las razones sociales y políticas que pudieron haber incidido en las contrataciones, como así también el posible beneficio que la adquisición de los servicios bajo análisis habrían pretendido aportar al conjunto de la sociedad». Y para esa evaluación es necesario contemplar que «los efectos secundarios derivados de la mayor audiencia en una franja horaria pueden repercutir sobre los niveles de audiencia de otros horarios contiguos, y sobre los promedios de audiencia generales, lo que tendría una repercusión en el valor de la publicidad ofrecida, tanto durante el horario de transmisión del evento en particular como en otros horarios».

Un punto del peritaje buscó comparar los contratos para la adquisición del Mundial 2018 con los del anterior, de 2014.  El informe subrayó que «para la Copa del Mundo 2018 se adquirieron 32 partidos, mientras que el contrato de 2014 fue más abarcativo y contempló otro certamen, el Sudamericano Sub 20 de 2013». «Que el monto total a desembolsar pudiera resultar inferior en el convenio correspondiente a la Copa Mundial del 2018 se encuentra influenciado a su vez por otros efectos del entorno, como por ejemplo la diferencia del valor en pesos de la moneda extranjera, comparando con el año 2014», suscribieron los peritos oficiales Oscar Fernández y Pedro Iphais; los de la fiscalía, Judith Konig y Nicolás Scher, y los de las defensas de los imputados, Roberto Di Martino, Alexis Meseri, Matías Pagani, Esteban Semachowicz, Martín Solé y Daniel Torres.

Tampoco se violaron las leyes impositivas argentinas al suscribir los contratos en moneda extranjera y depositarlo en cuentas de entidades bancarias con sede los Países Bajos, ni por afrontar el Estado argentino las cargas impositivas».