«En Jujuy, se fue construyendo una ficción necesaria para mantener a Milagro Sala en prisión». La definición es de Federico Efron, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las tres organizaciones argentinas que reclaman la liberación de la dirigente social ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la Organización de Estados Americanos por considerar que su detención es ilegal.
La líder de la Organización Túpac Amaru pasó 105 días en la cárcel sin la decisión de un juez que haya dictado su prisión preventiva. Fue recién el jueves, tres meses después de su detención, que el juez jujeño Gastón Mercau comenzó a formalizar un proceso -marcado por irregularidades- en el que Sala está acusada de fraude a la Administración Pública, asociación ilícita y extorsión en relación a los fondos destinados a viviendas sociales.
La detención sin prisión preventiva, sus fueros como diputada del Parlasur y la falta de independencia judicial en la provincia gobernada por Gerardo Morales son los argumentos principales utilizados por el CELS, Amnistía Internacional Argentina y ANDHES para denunciar que la parlamentaria se encuentra ilegítimamente detenida.
»Ni un auto de prisión preventiva, ni el avance de la medida cautelar en la CIDH o una eventual condena van a justificar jamás estos 105 días de privación ilegítima de la libertad», aseguró Efron.
El juez Mercau es un actor clave. Fue quien ordenó la excarcelación de la dirigente en la causa por acampar en la plaza Belgrano para luego mantenerla detenida en el nuevo proceso: «El mismo juez que el 29 de enero disponía su libertad lo hizo sabiendo que tres días antes había dispuesto su detención en la otra causa. Así fueron construyendo lo necesario para mantenerla en prisión», explicó Efron.
Mercau ya fue denunciado en febrero por los abogados Pablo Llonto, Damián Loreti y Elizabeth Gómez Alcorta por la detención «ilegal, ilegítima e inconstitucional» de Sala. La causa no avanzó aún y la Cámara Federal de Salta debe definir la competencia.
La denuncia alcanza también a otros funcionarios judiciales, como el juez jujeño Raúl Gutiérrez y la fiscal de menores Liliana Fernández de Montiel, designada para continuar con todas las investigaciones sobre Sala.
Estas son sólo tres de las cinco causas vigentes en relación a Milagro Sala. También enfrenta un proceso por amenazas y daño agravado por un ‘escrache’ a Morales, y además estuvo acusada primero como encubridora y ahora como coautora de tentativa de homicidio por un enfrentamiento armado de 2007.
