Para qué se usará y cómo impactará el dinero de la ley de Aporte Solidario

El proyecto de Aporte Solidario por parte de los dueños de grandes fortunas podría significar un ingreso extraordinario de $ 300 mil millones para las arcas fiscales, según cálculos preliminares de la Afip. A pesar de su importancia, esa suma representa apenas un tercio del billón de pesos que el gobierno estima que habrá gastado hasta fin de año en paquetes de ayuda para superar la crisis del COVID-19.

La iniciativa, que grava a todas las personas físicas con patrimonios superiores a los $ 200 millones, está a tono con la que analizan otros países. Un estudio de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) recuerda que la pandemia disparó propuestas para gravar los patrimonios en España, Suiza, Brasil, Ecuador y Chile, entre otras naciones que buscan solventar los gastos extraordinarios en que incurrieron sus Estados. También en Italia y Perú se estudian imposiciones sobre las ganancias anuales. En Rusia fueron más allá, ya que se tomaría como parámetro el monto de depósitos bancarios de los contribuyentes.

Si bien la norma fue pensada como una herramienta para paliar los gastos extraordinarios a que obligó la crisis sanitaria, el texto que este martes debate la Cámara de Diputados establece destinos específicos para los montos a recaudar que permiten configurar una serie de actividades que el Ejecutivo desea fortalecer de cara a la salida de la crisis. El detalle es el siguiente:

• El 20% de la recaudación se destinará a la compra y/o elaboración de equipamiento médico e insumos críticos para la emergencia sanitaria. En una situación ideal, se trata de unos $ 60 mil millones que cuadruplicarán, por ejemplo, los $ 13.698 millones destinados a la compra de 22,4 millones de vacunas contra el coronavirus. Como referencia, los 12 hospitales modulares de emergencia que el gobierno construyó al inicio de la pandemia costaron $ 1.894 millones.
• Otro 20% tendrá como destino las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme). Esa suma permitirá que se mantengan las exenciones impositivas fijadas en el programa de Recuperación Productiva, que este año costaron al Estado $ 64 mil millones.
• El Plan Progresar, destinado a jóvenes de 18 a 24 años que buscan completar sus estudios, recibirá otro 20%, estimado en $ 60 mil millones. Esta cifra cubriría con creces los $ 25.861 millones presupuestados para 2021, año en que se esperan alcanzar el millón de estudiantes beneficiados.
• El 15% (unos $ 45 mil millones) se destinará al programa Renabap, que comprende la regularización del suelo y la integración urbana de barrios populares. Ese aporte significará casi la mitad de los $ 117 mil millones asignados al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que lleva adelante esas acciones.
• El 25% restante se aplicará a programas de exploración y explotación de yacimientos de gas. Esta es una de las apuestas estratégicas del gobierno, que busca asegurar el autoabastecimiento energético y evitar así la salida de divisas. El proyecto es llevado adelante por Enarsa, que cuenta para el año que viene con un presupuesto de casi $ 180 mil millones y que se asociaría con YPF para esos fines. De aprobarse la ley, esa empresa estatal obtendría unos $ 75 mil millones.