Paraguay: asesinatos narco, fugas y corrupción que superan la permeable frontera con Brasil

Hacía meses ya que el submundo de la droga no generaba grandes noticias en Paraguay. Ni fugas, ni motines, ni ajustes de cuentas, nada aparte del narcotráfico en sí mostraba a las escuadras brasileñas del Primer Comando Capital (PCC) en las tertulias de TV o algún título de los diarios. Enero y febrero sí, vinieron con todo. Primero fue una fuga en masa de la cárcel de Pedro Juan Caballero, capital del departamento oriental de Amambay. Luego el asesinato del periodista Leo Veras, el 19° desde el fin de la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989), todos por denunciar a los traficantes de armas y de drogas, y sus nexos con el aparato del Estado.

La fuga fue denunciada por el Ministerio del Interior el 19 de enero, y los que abandonaron tranquilamente la cárcel podrían ser entre 75 y 90 o 92 reos. Hasta ayer, 35 días después, las autoridades no se habían puesto de acuerdo en cuántos fueron, si eran todos del PCC y quiénes fueron –la policía o los militares, o ambos– los que facilitaron la salida de los presos por la puerta principal, sin disparar un tiro ni lastimar a nadie. En lo único que estuvieron de acuerdo la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, y su par de Interior, Euclides Acevedo, es en que los presos no se evadieron todos juntos, sino por cuentagotas, desde varios días antes a ese domingo 19.

Más allá de que prueba hasta qué grado llegó la connivencia de los narcos con el Estado en todos sus estamentos, el detalle muestra que la corrupción alcanza a las autoridades de Brasil y, en particular, al ministro de Justicia, Sergio Moro –al que con toda generosidad la Wikipedia define como «escritor, académico y catedrático»–, oscuro juez de Curitiba (Paraná) que en plena campaña electoral condenó «por íntima convicción» al expresidente Lula, eliminándolo del escenario democrático. Pedro Juan Caballero está separada por una avenida, sin retenes ni medidas de seguridad, de Ponta Porá, capital del estado brasileño de Mato Grosso do Sul. Es hacia allí donde se fugaron los evadidos. Dos días después de denunciada la fuga, Moro dijo que «Brasil está para asistir en todo a nuestros amigos», agregó que ordenó el «envío de 200 efectivos para reforzar la custodia de la frontera» (1365 km) y aseguró que «de ser apresados en nuestro territorio serán de inmediato devueltos a Paraguay». Olvidó que por todos ellos Brasil tiene un pedido de extradición, trámite que se obviaría de ser detenidos en alguno de los estados sureños.

Los ministros Pérez y Acevedo también coincidieron en que la corrupción es clave en el escenario. «Los jefes del penal son cómplices, los dejaron escapar, es un fenómeno común a todas las cárceles del país», dijo Acevedo, como si él no tuviese nada que ver. «Los sobornaron con 80 mil dólares, ya lo habíamos denunciado en diciembre pasado, pero nuestra denuncia no fue considerada», redondeó Pérez. El senador liberal Roberto Acevedo –cuestionado desde los más diversos ámbitos– había denunciado que «hay entre cinco y seis senadores y un alto número de diputados que reciben sueldo del narco (…), hay jueces, policías, militares e intendentes también». El exministro de Educación, excanciller y expresidente del Consejo de la Magistratura, Enrique Riera, fue fulminante: «Los narcos permearon la Justicia, el 25% de los jueces tiene algún nexo con ellos».

En declaraciones realizadas en Montevideo el 3 de febrero, el secretario de la Coordinadora de DD HH, Óscar Ayala, y el investigador del fenómeno narco Juan Martens aseguraron que las organizaciones criminales «cooptaron al Estado paraguayo, al tiempo que militares, policías, políticos, fiscales y jueces han sido comprados por el narcotráfico». Lo ejemplificaron con dos casos emblemáticos: el diputado Ulises Quintana está procesado por vínculos con el tráfico de drogas, y la exdiputada Cinthia Tarragó fue detenida en EE UU por integrar un esquema internacional de lavado de dinero. «¿La fuga? El Estado no es un obstáculo para los negocios del PCC», cerró Ayala. «

A balazo limpio

Todo transcurrió en sólo 24 días. Ministros, funcionarios, jefes militares y policiales, y grandes medios intentaban que se olvidara que el 19 de enero se habían ido de la cárcel de Caballero los presos narco, cuando el 12 de febrero fue asesinado un periodista en su casa de esa ciudad: Leo Veras, 62 años, esposa, un hijo, el único que seguía denunciando la corrupción en torno al narcotráfico. Los narcos son expeditivos. Lo que no consiguen a punta de dólares lo logran a punta de metralla. Un verdadero ejército sin límites éticos, morales y económicos. A Veras se lo sacaron de encima con tres sicarios y 12 balazos de pistola. En los últimos tiempos tienen otras performances que muestran su real poder de fuego: en abril de 2017 liquidaron a Jorge Rafael Toumani, un narco que no quiso negociar. Había sido condenado a 47 años de cárcel pero vivía libre, en Caballero. Se movilizaba en un vehículo con doble blindaje. Lo cercaron, le dispararon con dos ametralladoras antiaéreas calibre 50 que atravesaron el auto de lado a lado: recibió 16 balazos. Semanas después, en Ciudad del Este, un batallón de 60 hombres destruyó bóvedas y varios blindados de la empresa Prosegur para llevarse un buen botín: 40 millones de dólares.

Policías con capuchas en Ceará para frenar la rebelión

El Partido de los Trabajadores culpa de la rebelión policial en Ceará al presidente Jair Bolsonaro, quien envió efectivos militares y de la Fuerza Nacional para reforzar la seguridad en ese estado del nordeste, donde los uniformados llevan una semana de protesta por mejoras salariales. Miembros de la Policía Militar (que dependen de la autoridad de cada estado) se rebelaron esta semana. El martes, un grupo de policías armados y encapuchados atacó patrullas en Fortaleza, la capital del estado. El miércoles, el senador de centroizquierda Cid Gomes fue baleado cuando, a bordo de una retroexcavadora, intentó romper un piquete de policías en la ciudad de Sobral. El legislador es hermano del excandidato presidencial Ciro Gomes.

Medios locales computaban diez batallones de la PM –de los 43 existentes en el estado– invadidos por hombres encapuchados, así como el ro