Paraguay: cruenta represión a indígenas y campesinos para satisfacer a la agroindustria

Desde que Fernando Lugo fuera derrocado de la presidencia de Paraguay, en el invierno de 2012, sus tres sucesores –Federico Franco, Horacio Cartes y el actual Mario Abdo Benítez– han hecho los más impecables deberes para satisfacer a la agroindustria: se avasallan derechos indígenas y campesinos y se burlan leyes nacionales y tratados internacionales, abriendo la cancha para que se pudieran sembrar 40 variedades de soja, maíz y algodón transgénicas. Las semillas del trigo HB4, diseñadas en Argentina, esperan su turno. Con ellas entraron al campo paraguayo los poderosos agrotóxicos de Monsanto, básicamente el glifosato, destructores del ambiente y, sobre todo, de la vida.

Tras un 2021 en el que los desalojos tiraron a las rutas a cientos de familias, este año el Estado volvió a poner al servicio de los latifundistas a una policía más brutal aún de lo que siempre ha sido. La expulsión de los pobladores históricos de las tierras agrícolas viene acompañada ahora de la quema de sus casas, la destrucción de las herramientas y de las cosechas almacenadas, del robo y muerte de los animales domésticos. Y en al menos cinco casos, del asesinato de líderes comunitarios y la desaparición de otros. El último de estos episodios es del martes pasado, cuando 70 familias mbya guaraní fueron echadas de Hugua Po’i, en el departamento centro oriental de Caaguazú.

Las 1000 hectáreas de la comunidad pasarán a manos de la empresa sojera Tres Palmas, una sociedad anónima menonita. Hugua Po’i es un caso emblemático, desde que en los ’80 del siglo XX esa secta cristiano-anabaptista presentó falsos títulos de propiedad que volvió a exhibir en 2012, pero esta vez haciendo constar una extensión el 5% mayor. Sin justificación alguna, el bien pasó de 975 hectáreas a 1021, presumiblemente por adueñarse de 46 hectáreas de tierras fiscales de calidad. Gracias a los buenos oficios de los gobiernos post Lugo y de un Poder Judicial venal, desde entonces las tierras fueron tomadas por los menonitas y retomadas por los mbya guaraní en al menos cinco ocasiones.

Un caso análogo es el sufrido por los algo más de 300 pobladores del asentamiento Cristo Rey, departamento de San Pedro, donde la policía quemó las plantaciones y arrojó a la ruta a viejos, adultos y niños, sin distingos ni miramientos. Unos 400 policías con tanquetas, pertrechos militares y helicópteros artillados lanzados contra una población, también mbya guaraní y tan desarmada como la de Hugua Po’i. Fue el segundo desalojo en menos de un año: la comunidad sufrió seis episodios similares en la última década. La furia policial llegó también a otras zonas de Caaguazú y al campamento 1° de Mayo del departamento de Itapúa, frontera con Brasil, donde desde el 15 de junio buscan al líder comunal Edgar Centurión, herido y desaparecido.

Los abogados de las comunidades y sus coordinadoras denuncian que la nueva ofensiva del gobierno viola normas nacionales e internacionales, incluyendo la propia Constitución, que en su artículo 64 señala que “se prohíbe la remoción o traslado de su hábitat de las comunidades indígenas sin el expreso consentimiento de las mismas”. Además violenta la Ley de Comunidades, que establece que su asentamiento “atenderá a la posesión actual o tradicional”. El Comité de DD HH de la ONU establece que “todas las personas deberían gozar de cierto grado de seguridad en la tenencia de una vivienda que les garantice una protección legal contra un desalojo forzoso, el hostigamiento u otras amenazas”. Pese a esto, y a que el Estado paraguayo suma tres fallos contrarios de la Corte Interamericana de DD HH, la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, no expidió sobre la situación ni visitó el país, pese a haber estado en dos ocasiones en la región, en Venezuela y en Bolivia. La CIDH señala que el Estado tiene la obligación de devolver las tierras al pueblo indígena que las reclama y que cuando se vea imposibilitado de ello “deberá entregarle parcelas alternativas de igual extensión y calidad”. 

En 2004 se liberó la siembra de la soja RR de Monsanto, que entonces ya avanzaba sobre tierras indígenas y campesinas y los bosques del área oriental. El Atlas del Agronegocio en Paraguay, citado por Base-IS, señala que para entonces la semilla transgénica ganaba 200 mil nuevas hectáreas sojeras por año. Global Forest Watch, una iniciativa de la Universidad de Maryland, dice que desde 2004 se perdieron 6,5 millones de hectáreas de bosques, el 93% asociado con la extensión de la frontera agrícola. Los efectos del “Modelo Monsanto” se traducen en daños de los agrotóxicos sobre el ambiente y la salud, problemas sociales derivados de la expulsión de las poblaciones y la impúdica concentración del 85% de las tierras cultivables en manos del 2% de los propietarios.