Fue uno de los impulsores del Área Natural Protegida Uspallata – Polvaredas en Mendoza. Ya había denunciado persecución ideológica de sus jefes por su activismo ambiental. Además, enfrenta una causa judicial por los hechos sucedidos en la protesta contra la minera en enero pasado.
El pasado 30 de mayo pasado, Soria recibió la notificación de su despido. Acorde publicó Los Andes, la resolución RESFC-2025-134-APN-D#APNAC se dictó en el marco de un sumario disciplinario que lo responsabiliza de realizar actividades incompatibles con la licencia médica de la que gozaba Soria. Es decir, su despido está ligado a su participación política en la protesta contra la instalación de la minera San Jorge en Uspallata, Mendoza, mientras estaba de licencia. Cabe mencionar que por este motivo, el activista además enfrenta una causa judicial en la que se lo acusa de “asociación para la coerción ideológica” y que, por ello, estuvo 48 horas detenido a principios de abril pasado.
“La notificación era la resolución de un sumario bastante agresivo y fuerte respecto de cuestiones disciplinarias que aparentemente yo había violado. Obviamente, en ningún momento del sumario hubo una pericia médica. Porque a mí me están acusando de que yo no respeté la licencia, pero en ningún momento del sumario hubo un peritaje médico”, dijo Soria a MDZ. Es de destacar que al momento de los hechos que se le acusan, Soria llevaba muchos meses de licencia ya que estaba bajo un alto nivel de estrés, todo lo cual había sido reconocido por una junta médica de Parque Nacionales. Su estado de salud mental se agravó, según expresó a MDZ, ya que era perseguido por ser militante en contra de la minería. “La persona que me persiguió adentro del Parque Nacional se llama Ariel Quiroga, intendente del Parque Nacional El Leoncito. La declaración es que mi desempeño laboral era malo. Le vamos a presentar una denuncia por falso testimonio. Él había calificado mi labor como destacado. Es más, las más altas calificaciones en mi vida dentro de Parques Nacionales me las puso él, 33 sobre 40″, sostuvo Soria.
Al respecto, la resolución expresó: “Lo que aquí se analizó no es la pertinencia de la licencia médica en abstracto, sino el modo en que fue ejercida por el agente Soria, esto es, la compatibilidad entre las actividades efectivamente desarrolladas durante su licencia y el estado de salud invocado para justificar la imposibilidad de asistir a su puesto de trabajo y cumplir tareas”. No obstante, cabe preguntarse, ante la ausencia de pericia psicológica o psiquiátrica, qué formación profesional poseen las autoridades firmantes para evaluar qué actividades puede o no realizar una persona con determinada situación de salud mental.
Según consta en los considerandos de la resolución, entre los fundamentos para su despido se tomaron en cuenta declaraciones de dos funcionarios públicos y de un reconocido empresario. Entre los testimonios que fueron valorados para justificar su despido se encuentra en de la Jefa de Guardaparques. “La otra persona que ejerció una influencia bastante importante fue Mónica Sosa, la jefe de guardaparques, que se dedicó a hacer una tarea de espionaje en mis redes sociales. No solo en las mías, sino también a espiar las redes sociales de la asamblea de vecinos autoconvocados. Cuando me arman el sumario todo lo que escribimos sobre minería figura ahí”, aseguró.
Soria aseveró que a partir de esos testimonios falsos se construyó un relato también falso en el que se le endilgaba la realización de un gran número de tareas remuneradas en ese tiempo. “Que me dedicaba a hacer changas, que era guía de montaña, que hacía trabajos de albañilería. Cualquier cosa, todo inventado. Incluso, con mi abogado los acusamos de haber fraguado pruebas”, comentó.
Asimismo, el activista denunció que parte del sumario administrativo en su contra, que gozaba de confidencialidad, fue publicado en redes sociales por personas cercanas a la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado.
Por otra parte, remarcó que la resolución también incluyó como fundamento parte de la denuncia judicial por la que está imputado en relación a la protesta contra la minera San Jorge en Uspallata. La resolución expresó: “Durante el usufructo de una licencia por afecciones de largo tratamiento, a raíz de una patología psiquiátrica, el agente fue identificado participando activamente en manifestaciones sociales en la localidad de Uspallata, algunas con connotaciones violentas, lo que derivó en una orden de detención por parte del Poder Judicial de Mendoza, su posterior captura y privación de la libertad por dos días, y su excarcelación bajo caución”.
Al respecto, Soria señaló: “Me prejuzgaron, violaron el principio de inocencia. Mezclaron el tema de la causa judicial y daban por sentado que yo había prendido fuego a un local, había incitado a la violencia. Incluso el presidente de Parques Nacionales salió a decir por la radio que yo le había prendido fuego a una persona, que arrojaba bombas molotov. En base a todo ese relato, armaron una acusación y les dio pie para disponer de mi cesantía. Obviamente, haciendo caso omiso de todas mis pruebas”.
En 2007, Soria ingresó a Parques Nacionales como técnico profesional y en 2016 comenzó a trabajar en el Parque Nacional El Leoncito, tras ganar un concurso donde compitió con otros 12 postulantes. Desde entonces “he sido perseguido y hostigado laboralmente por la minera San Jorge”, denunció en una carta abierta publicada el 31 de marzo pasado en Anred. En esa misiva, denunció que los hostigamientos se intensificaron “con la designación de Ariel Quiroga como intendente de El Leoncito”, quien, aseguró, le negó beneficios laborales como el traslado diario del domicilio al lugar de trabajo o la conexión a Internet en la vivienda oficial, beneficios “concedidos a todos los demás empleados de esa repartición”.
desoyendo la recomendación profesional médica de la junta oficial. En abril del 2023, Soria obtuvo licencia médica por problemas de salud mental. Al poco tiempo, el director de Recursos Humanos, Alejandro Rojas, le anuló la licencia por considerarla no vinculante,
El sumario disciplinario lo acusa de realizar actividades incompatibles con su licencia, como participar en manifestaciones contra la minería, incumpliendo normativas de empleo público, ética y régimen de licencias, aunque la misma resolución reconoce “la inexistencia de perjuicio fiscal derivado de los hechos”. Ante ello, Soria subrayó que la propia institución le había anulado la licencia en ese periodo y que, por lo tanto, su despido es injustificado.
Vale recordar que a principios de abril pasado Soria había sido detenido acusado de pertenecer a una “agrupación que intenta imponer sus ideas por medio de la violencia o el terror”, tras los hechos de violencia entre miembros de la UOCRA e integrantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata ocurridos en la Inauguración de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, en enero del 2025.
En ese momento, el defensor oficial Alfredo Guevara había denunciado “declaraciones falsas y adulteración de declaraciones por parte de la fiscalía” y señalado que se trataba de “una persecución arbitraria e ilegal a miembros de la Asamblea”, al haberse demostrado que no habían participado en ningún hecho de violencia. Días después, la jueza Claudia Tula se declaró incompetente y resolvió liberarlo, llevando la causa a manos de la Justicia Federal. Semanas después, la jueza declaró nuevamente la competencia de la justicia provincial.
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No me importa su ideología pero alguien que esta de licencia durante 2 años "por estres" (tipica licencia inventada) y despues sigue haciendo otras cosas bien despedido esta. Esos recursos ($$) se deben destinar a PN no a esas larvas que se les paga para que hagan sus cosas personales. Ahora va a tener tiempo de hacer lo que quiera. Apoyo esta decisión de las autoridades de PN