Paso histórico en Cuba: se aprobó una ley que permite el cambio de género en el documento

Cuba dio un paso histórico hacia la autodeterminación de género. En una decisión que marca un antes y un después en la historia de los derechos de las personas trans, la Asamblea Nacional aprobó una reforma en el Registro Civil que permite a toda persona mayor de edad solicitar el cambio de sexo en su documento de identidad. La norma, fruto de años de lucha del activismo LGBTIQ+, representa un avance crucial hacia la autodeterminación de género en la isla.

La nueva legislación establece que cualquier persona mayor de edad podrá, mediante solicitud personal y sin requisitos adicionales, modificar el marcador de sexo en su carné de identidad. Ya no será necesario someterse a cirugías de reasignación genital, tratamientos hormonales ni contar con una orden judicial para ejercer este derecho. En el caso de personas menores de edad, la norma prevé que el trámite deberá contar con autorización judicial.

Se trata de una transformación legal de gran alcance, que también busca generar cambios culturales profundos: el reconocimiento de que la identidad de género no debe estar determinada por la apariencia física ni por intervenciones médicas. Es, en definitiva, el derecho de cada persona a decidir cómo quiere ser reconocida legalmente, una reivindicación largamente sostenida por la comunidad LGBTIQ+ y, en particular, por las personas trans.

La valoración viene de la mano de Verde Gil, activista del Grupo Trans Masculinos de Cuba, quien, en conversación con Brasil de Fato, afirma que se trata de una legislación que impacta directamente en la vida cotidiana de quienes integran la comunidad.

“Esto representa un avance en la lucha contra la violencia y la discriminación”, sostiene, “porque permite algo tan básico pero tan postergado: que las personas se sientan más cómodas con sus documentos de identidad”.

Desde 2022, ya era posible modificar el nombre en los documentos. Sin embargo, como recuerda Verde, “al no poder cambiar la inscripción de sexo, esto ocasionaba muchos problemas en la práctica y formas de discriminación en trámites cotidianos”.

Por momentos, resulta difícil de comprender, para quienes no lo viven en carne propia, los abusos cotidianos que deben soportar las personas trans: en sus barrios, lugares de trabajo, espacios educativos o incluso al realizar un simple trámite. Soportar ser llamado por un nombre o género con el que no se identifican es una forma de violencia persistente.

Un proceso colectivo y participativo

Verde señala que esta ley no surgió de la nada. Es el resultado de un proceso colectivo articulado entre el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), diversas redes comunitarias y activistas que participaron activamente en espacios de consulta e incidencia.

“Ha sido un trabajo extenuante y complejo, porque además nos hemos dado cuenta de que dentro de la comunidad existen múltiples perspectivas. Pero justamente esas construcciones colectivas forman parte del proceso de empoderamiento”, explica.

El proyecto final, convertido en ley, surgió tras un extenso proceso de consultas mediante el cual se incorporaron diversas demandas y criterios de la comunidad, fortaleciendo el texto legal. Estas prácticas de democracia participativa no solo garantizan la inclusión de voces diversas, sino que también “fortalecen nuestra cultura jurídica y nos brindan herramientas a quienes estamos en situación de mayor vulnerabilidad”, afirma Verde.

Cuba se suma así a un reducido grupo de países en América Latina y el Caribe que permiten el cambio registral de sexo sin requisitos médicos, posicionándose como un referente progresista en la región.

Debates pendientes y horizontes de inclusión

Pese al avance, Verde insiste en que aún quedan desafíos por delante. El propio debate dió cuenta de diversas posiciones y demandas dentro de la comunidad.

“Hay que seguir discutiendo temas como la inclusión del género no binario. Hay quienes prefieren que el marcador de sexo no aparezca en los documentos; otros quieren que sí, pero con la posibilidad de incluir un género no binario. Se trata de encontrar formas en que nos respetemos entre todos, sin que la identidad o el sexo sean motivo de discriminación u odio”.

En este sentido, Verde destaca como uno de los principales logros del proceso legislativo la apertura de espacios de diálogo y reflexión colectiva. Asegura que “lo más importante no es alcanzar un consenso total, sino construir una mayor conciencia social que contribuya a una sociedad más igualitaria”.

Los debates en torno a los derechos de género no son nuevos en Cuba. En los últimos años, la sociedad cubana ha participado en intensos procesos de discusión sobre la ampliación de derechos.

Uno de los momentos de mayor efervescencia social fue la aprobación del nuevo Código de las Familias en 2022, que legalizó el matrimonio igualitario tras una amplia consulta popular. El debate movilizó a miles de personas, especialmente jóvenes, que se involucraron activamente en la defensa del nuevo marco legal. Este proceso dio origen a numerosos colectivos juveniles y nuevos activismos por la igualdad.

Pero también expuso resistencias conservadoras —incluso dentro del propio campo revolucionario— y su arraigo profundo en la sociedad. No obstante, la aprobación del Código con el 70 % de apoyo en las urnas reflejó el respaldo mayoritario del pueblo cubano al avance de derechos. Cuba se convirtió así en el primer país de Centroamérica y el Caribe en consagrar legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo.

“El propio debate social sirve de pretexto para esto: para que la gente entienda esta diversidad sexual humana y la acepte”, reflexiona Verde. “Desde el Grupo Trans Masculinos de Cuba, realmente me siento muy feliz de que hayamos podido abrir espacios que impulsaran estos avances legislativos”.

La posibilidad de solicitar el cambio registral de sexo no elimina por sí sola las múltiples formas de discriminación que aún persisten. Sin embargo, Verde enfatiza que representa un paso importante para saldar una deuda histórica, al brindar reconocimiento legal y protección a las identidades trans. Y, sobre todo, ofrece herramientas concretas y un reconocimiento estatal sobre la dignidad de las personas.

Lo que está en juego es algo profundamente humano: “el derecho a que nuestra identidad no sea motivo de exclusión, violencia ni invisibilización”, concluye Verde. “La lucha es por una sociedad en la que nos respetemos entre todos, sin que nadie sea discriminado por su identidad de género o sexo”.

* Artículo publicado originalmente en Brasil de Fato