La asignación de nuevos permisos para buques poteros destinados a la captura de calamar volvió a abrir un conflicto entre la Provincia de Buenos Aires y el Consejo Federal Pesquero. El gobierno bonaerense cuestionó las condiciones del proceso y, junto a organizaciones de trabajadores portuarios y pesqueros, reclamó que se revise una licitación que dejó en desventaja a Mar del Plata y al entramado productivo vinculado a la actividad.
El planteo fue presentado por la Federación de Cooperativas de Trabajo de Actividades Portuarias, Navales, Pesqueras y Afines (FECOOAPORT), encabezada por su presidente Nazareno Carrasco, con el acompañamiento del ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez. También participaron el secretario general del Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA), Carlos Mezzamico, y el presidente del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, Marcos Gutiérrez.
El eje de la discusión es la Resolución 6/2026 del Consejo Federal Pesquero, mediante la cual se establecieron las condiciones para incorporar hasta 18 nuevos buques poteros destinados a la pesca de calamar (Illex argentinus). De estos permisos otorgados, apenas uno quedó asociado a un proyecto con desembarque en Mar del Plata y ninguno contempla la construcción de los buques en astilleros argentinos.
Para Rodríguez, esos resultados confirman las objeciones que la Provincia había planteado durante el tratamiento de la medida. “Nos encontramos con esto: una licitación que se hizo con la cancha inclinada”, sostuvo el ministro.
El sistema de puntaje que cuestiona la Provincia
Uno de los principales puntos de conflicto está en el criterio territorial utilizado para evaluar los proyectos. La resolución estableció un sistema de puntuación que otorga 30 puntos a las propuestas que desembarquen en Tierra del Fuego, 25 a las que lo hagan en Santa Cruz, 20 en Chubut, 15 en Río Negro y 10 en Buenos Aires.
Desde la Provincia sostienen que esa diferencia genera una desventaja para el complejo pesquero bonaerense, particularmente para Mar del Plata, que concentra una parte sustancial de la actividad pesquera nacional.
Rodríguez señaló que la diferencia de puntaje no solamente afectaba el orden de clasificación de los proyectos, sino también la duración de los permisos. Según explicó, quienes optaran por puertos con mayor puntuación territorial podían obtener mejores posiciones y permisos por períodos más extensos.
“Pasar de que Mar del Plata tenga entre el 40 y el 50 por ciento del total nacional de esta pesquería a tener uno de los 18 permisos deja claro que hubo una acción en contra de la pesca bonaerense”, afirmó el ministro.
La Provincia ya había presentado un recurso de reconsideración ante el Consejo Federal Pesquero para solicitar la revocación de la Resolución 6/2026 y, subsidiariamente, la suspensión de sus efectos hasta contar con estudios científicos, técnicos y ambientales que permitan evaluar la sustentabilidad del recurso.
Sin astilleros argentinos
Otro de los cuestionamientos apunta al impacto que la incorporación de los nuevos buques podría tener sobre la industria naval. Para Rodríguez “hay cero proyectos de 18 vinculados a astilleros nacionales. Es decir que las 18 embarcaciones van a venir importadas”, se quejó.
De acuerdo al ministro bonaerense, todo esto redunda en una oportunidad perdida para una industria que podría beneficiarse de la renovación y ampliación de la flota pesquera.
El reclamo de FECOOAPORT se inscribe así en una discusión que excede el lugar de desembarque de los buques y alcanza a toda la cadena productiva: trabajadores portuarios, cooperativas, plantas de procesamiento, empresas pesqueras y astilleros. “Estamos defendiendo los puestos de trabajo, la producción y el agregado de valor”, afirmó Rodríguez.
El reclamo por los estudios científicos
La Provincia también cuestionó el sustento científico utilizado para ampliar la capacidad extractiva sobre el calamar. Según Rodríguez, antes de avanzar con la incorporación de los nuevos buques debería haberse contado con estudios específicos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) que permitieran evaluar el impacto de la medida sobre los distintos stocks de calamar presentes en el Mar Argentino.
El ministro consideró insuficiente la documentación utilizada durante el proceso y sostuvo que no existió un estudio científico específico del organismo que permitiera respaldar la decisión.
La postura bonaerense es que, frente a la falta de información suficiente sobre el estado del recurso, debería aplicarse el principio precautorio previsto por la normativa ambiental antes de incrementar el esfuerzo pesquero.
Mar del Plata y una pelea que también es política
El conflicto se suma a los cuestionamientos que desde la Provincia vienen formulándose sobre las políticas nacionales para el sector pesquero desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Rodríguez vinculó el actual escenario con la discusión que tuvo lugar durante el tratamiento de la Ley Bases, cuando estuvo en debate el régimen de explotación de los recursos pesqueros y la posibilidad de que las capturas pudieran ser desembarcadas fuera del país.
“Desde el minuto uno del gobierno de Milei, la pesca viene siendo atacada y ahora, en particular, lo que vemos es que está siendo atacada la pesca bonaerense”, sostuvo. En este caso, la discusión pasa por quiénes se benefician de la ampliación de la capacidad de captura y dónde se genera el trabajo y el valor agregado asociado al recurso.
Rodríguez cuestionó además que el Consejo Federal Pesquero haya avanzado con la asignación de los permisos pese a los planteos administrativos y judiciales realizados. “Quisieron de alguna manera marcar esto como un hecho consumado”, afirmó el ministro, aunque sostuvo que la Provincia continuará utilizando las herramientas institucionales disponibles para cuestionar la medida.
El funcionario volvió a reclamar la revisión del procedimiento y sostuvo que existen elementos que, a criterio del gobierno bonaerense, podrían implicar incumplimientos de la normativa vigente. El planteo cuenta ahora con el respaldo de FECOOAPORT y del sector sindical portuario, que se sumaron al reclamo por el impacto que la decisión puede tener sobre la actividad en Mar del Plata.
Rodríguez también cuestionó la falta de acompañamiento del municipio marplatense a las presentaciones realizadas por la Provincia y sostuvo que el reclamo debería exceder las diferencias partidarias. “Esto no tiene bandera política. Esto es defender el trabajo, es defender la producción”, afirmó.
