Pedro Castillo en el tramo cúlmine de la historia de una destitución anunciada

Para elegir en 2021 a los 130 diputados del Congreso unicameral peruano y los demás cargos electivos del país, se anotaron 2325 aspirantes. No todos cumplieron con lo exigido por la justicia electoral: 1368 (el 58,84%) no pasó los filtros por haber estado judicialmente inhabilitado; 218 (el 9,5%) por tener condenas vigentes y 359 (el 15,4%) fueron excluidos directamente del padrón. Muchos con prontuarios no muy diferentes, y hasta peores según dicen, pasaron la prueba. Esa resaca política y moral es la que está urgida por derrocar al presidente Pedro Castillo antes de que el 82% de la población, que repudia a los diputados, diga basta y haga efectiva la consigna del que se vayan todos.

Ocho meses después de haber asumido, poco menos de lo que naturalmente le lleva a una madre gestar a su bebé, esa gente se está frotando las manos a la espera de este próximo martes 8, porque ese día rechazará al cuarto gabinete presentado por Castillo y ese será el punto de partida de un llamado “proceso de vacancia” que, de ser votado por el pleno legislativo, obligaría al presidente a renunciar. Ellos –tómalo de quien viene– dicen que el mandatario es “traidor a la patria”, es “corrupto”, “integra y dirige una mafia oculta en el palacio de gobierno” y “es peligroso para la democracia”. Por todo ello, dice la demanda del ultraderechista Renovación Popular (RP), “merece ser destituido por permanente incapacidad moral”.

Lo acusan de ser traidor a la patria porque en una reciente entrevista con la norteamericana CNN se le preguntó sobre la posibilidad de ofrecerle a Bolivia el uso de una franja territorial para acceder al Pacífico y respondió, parco y escueto: “Se consultará al pueblo peruano”. Dicen que es corrupto y mafioso porque una lobbista de dudoso linaje habría dicho –y su propio abogado lo niega– que el presidente recibió sobornos de dos empresas chinas. Lo de ser peligroso para la democracia no está fundado en la demanda presentada al Congreso, parece obedecer a un capricho del diputado Rafael López Aliaga, uno de los más poderosos empresarios locales y representante en Perú del español Vox, el partido nazi del reino de España, heredero de la Falange y del franquismo.

La académica y periodista peruana Jacqueline Fowks considera que el asedio de la ultraderecha a través del Congreso le ha quitado operatividad al gobierno, ocupado en defenderse para sobrevivir, entregando cuotas ministeriales para impedir su destitución (en ocho meses ya llevó al desgaste a cuatro primeros ministros y ha obligado a 30 recambios ministeriales). 

En este contexto, las principales promesas de campaña pasaron al olvido, aunque la sociedad se las siga reclamando: la convocatoria a una asamblea constituyente, el reciclaje de las destartaladas empresas estatales de servicios, el establecimiento de la educación y la salud como derechos fundamentales, el rescate de la castigada economía de los agricultores familiares y una reforma tributaria, entre otras.

El propio Castillo les dio una mano a los golpistas. Cuando en la última semana de febrero ya le pisaban los talones, hizo un inesperado balance de su vida y confesó que no estaba preparado para ocupar el cargo, que “recién estoy aprendiendo”. Su proceso de educación implica que va siguiendo la ruta de sus predecesores, escribió Isaac Bigio, un investigador peruano residente en Londres. “Ya ha sido entrenado en que debe abandonar sus promesas básicas, que haría que los jueces fueran elegidos por la gente, como en Bolivia; que iba a gobernar con el sueldo de un maestro; que sus hijos iban a continuar en colegios públicos; que iba a transformar el Palacio de Gobierno en un museo”. Eso ya es parte de la Historia.

A 48 horas de que, quizás, empiecen a moverse los engranajes de la guillotina política, el presidente y su cuarto gabinete están más ocupados en su sobrevivencia personal que en pelear para derrumbarse con cierta dignidad, aunque sea simulando la defensa de la educación pública y la salud económica de los pequeños productores. 

Y eso que Pedro Castillo llegó con el aura de ser un abnegado maestro rural, hijo de padres analfabetos, productores rurales que jamás tuvieron la posibilidad de acceder a una escuela o a un crédito. 

El desatado acoso mediático

Junto con lo más recalcitrante de la derecha encaramada en el Congreso, al gobierno encabezado por Pedro Castillo definitivamente lo acosa la élite mediática.

En las primeras semanas de su gobierno los medios de mayor peso –encarnados en el diario La República y en el grupo El Comercio, controlante del 80% de la prensa escrita y gran parte de la televisión peruana– le habían dado cierto respiro. Pero ya durante esta última semana, hasta el más atildado La República se salió de su estilo medido y, mientras los más benévolos se preguntaban si el presidente “se mantendrá en la silla hasta el final del rodeo”, los responsables de diario escribieron un editorial que, insólitamente, repitieron los días miércoles 2 y jueves 3 de marzo. 

Definitivamente, tomaron la decisión de romper con su etiqueta de “diario independiente” y en un lenguaje patriotero le propusieron a Castillo que “renuncie por el bien del país”, que “esa es la última instancia antes de que el ‘que se vayan todos’ sea un clamor nacional en el Perú del Bicentenario”.