Advierten que peligra la red de prestaciones en discapacidad: “Si este sistema colapsa, las consecuencias serán devastadoras”

“Hay centros de día que cerraron, hay otros que están haciendo rifas y pidiendo contribuciones a las familias, muchos que son de doble jornada y dejaron de brindar alimentación –para muchas personas era su única comida de calidad en el día y no la están teniendo- Las familias que no pueden pagar están quedándose sin nada. Hoy en mi institución tengo por lo menos un tercio de la población que no podrían pagar por las prestaciones. Es un centro de rehabilitación e inclusión escolar: una mamá enfermera nos contaba que vuelve de trabajar ocho horas en salud y se pone a trabajar otras cuatro con Rappi por los gastos que tiene que afrontar con un hijo con autismo”, dice Virginia Els, psicóloga y psicopedagoga, presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (CA.PRE.DIS), para dar cuenta de la situación que atraviesan el sector de trabajadores que integran el sistema de prestaciones en discapacidad y las familias que asisten. “Lo más llamativo –acota- es que no hay ninguna respuesta del Gobierno Nacional”.

Los aranceles que se cobran por prestaciones en discapacidad los define el Gobierno Nacional a través de un Nomenclador que debería actualizarse regularmente, mediante reuniones de directorio convocadas desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Hace cinco meses que no se actualiza. “El desfasaje viene de 2023 y a principios de 2024 acompañaron la inflación, pero desde la segunda mitad del año dieron aumento por debajo y este año, nada. Llama mucho la atención y tampoco hay respuesta. Ya no sabemos qué interpretar”, lamenta la profesional, en diálogo con Tiempo.

Ante este panorama, decenas de organizaciones de la provincia de Córdoba (38 llegaron a firmarla, pero son muchas más las que apoyan) emitieron una carta abierta para advertir que “la atención a personas con discapacidad está en peligro. Son servicios brindados solo por privados, no hay una alternativa como en salud en general. Si cerramos las instituciones, que muchas ya lo están haciendo, no va a haber adónde referenciar a las personas”.

Carta abierta

La misiva lleva la firma de quienes se ocupan de brindar prestaciones en espacios de rehabilitación, inclusión escolar, centros terapéuticos, centros de día, etcétera. “Los montos que recibimos a través de las obras sociales, regulados por el Nomenclador Nacional— están por debajo de lo mínimamente aceptable. En 2024, los aumentos fueron irrisorios: septiembre 1%, octubre 1%, noviembre 0,8%, diciembre 0,5%. Y en lo que va de 2025, los aumentos han sido cero. Todo esto, mientras los costos de funcionamiento de nuestras instituciones se han duplicado”, difundieron.

“La cuenta es simple y la situación no solo es grave: es crítica. Argentina cuenta con un sistema de atención a personas con discapacidad que ha sido ejemplo en América Latina y en el mundo. Se trata de un modelo basado en el trabajo personalizado, con profesionales altamente capacitados y cobertura garantizada en cada rincón del país. Este sistema ha permitido que miles de personas con discapacidad y sus familias accedan a herramientas fundamentales para desarrollar una vida autónoma e independiente. Si este sistema colapsa, las consecuencias serán devastadoras. Tal como están las cosas hoy, y si el Estado Nacional no da respuestas urgentes, la realidad que se impone es que solo podrán acceder a estas prestaciones quienes puedan pagarlas. Quienes no, quedarán excluidos”, alertaron las instituciones. “Esto ya ocurre en muchos países, donde la inclusión de personas con discapacidad es un privilegio y no un derecho. Ese es, sin dudas, el aspecto más doloroso y aberrante de lo que hoy estamos viviendo”.

Al borde del colapso

“Ya hubo bastantes despidos y se empezó a cobrar una diferencia a las familias, lo cual genera una situación de estrés porque no todas pueden pagar”, apunta Els. “Es una especie de copago o plus, como queramos llamarlo. Algo que nunca había sucedido. Trabajo en discapacidad hace 20 años y esto nunca había pasado”, contrasta.

Sobre la falta de respuesta del Gobierno Nacional, la psicóloga y psicopedagoga cuenta que hubo reuniones y hasta se presentaron proyectos a la Andis y la Superintendencia de Servicios de Salud sobre cómo optimizar el flujo de recursos entre las obras sociales y el fondo de reintegro, pero no hubo respuestas. “Hay un directorio que dispone los aumentos: esa reunión tiene que ser llamada por Andis. Hace cinco meses que no se da la reunión, por ende no se dan los aumentos. Pero esas reuniones también son para definir políticas públicas. Nos llama la atención porque sin reunión de directorio no hay ninguna discusión sobre el tema”, señala la titular de la cámara cordobesa.

El reclamo –por el que ya hubo movilizaciones y distintas medidas de protesta en la Ciudad de Buenos Aires- está escalando también en distintas provincias. En las últimas horas el vicepresidente de la Unión de Entidades de Apoyo de y para Personas con Discapacidad de la Provincia de Santa Fe (Uendisfe), Francisco Zanotti, dijo al portal local Aire que por la falta de actualización del Nomenclador la situación es “crítica”.

“Hoy estamos cobrando casi un 50% por debajo de lo que se debería pagar. A eso se suma que cobramos tarde: con suerte a los 60 días, pero muchas veces a los 90 o incluso a los 120 días. La situación es crítica, ya no alcanza con el altruismo, la buena voluntad, o las ventas de empanadas, alfajores o prepizzas para sostener la estructura de las instituciones. Tenemos que postergar pagos y, por supuesto, recortar horas de profesionales, terapias o actividades planificadas porque no cierran los números, lo que repercute en la calidad del servicio que reciben las personas con discapacidad”.

Auditorías y ajuste

La precarización y achique del sector de prestadores se da en paralelo con el proceso de auditorías de las pensiones no contributivas (PNC), impulsado por la Andis tras sembrar un manto de sospecha y estigmatización (incluyendo un documento que se refiere a las personas con discapacidad como “imbéciles, idiotas y débiles mentales”) sobre quienes accedieron a ese derecho.

“Hay que tener en cuenta que la población que accede a una PNC suele estar en situación de vulnerabilidad y pobreza. Es probable que toda su historia clínica esté en efectores públicos de salud y conseguir un turno puede llevar mucho tiempo”, dijo Zanotti al explicar las complicaciones que están generando las auditorías por el modo en que fueron encaradas.

Entre otras cosas, apuntó que los lugares designados para realizar las auditorías obligaban a largos traslados, así como a horas de espera (sobre todo en un primer momento, tal como contó este diario). “Conocemos a alguien que tuvo que pagar una ambulancia desde Esperanza a Santa Fe para poder presentarse. Hubo familias que debieron pagar 30 mil pesos de remis para asistir al turno. Son gastos muy difíciles de afrontar en este contexto”.

“Hay un criterio orientado a la restricción del gasto. Esta masividad, sumada a la falta de criterio y de sensibilidad hacia esta población históricamente desfavorecida, no hace más que profundizar la vulneración de sus derechos”, cuestionó el referente de Uendisfe.

Marcha al Ministerio de Salud

Mientras sigue el reclamo para que avance en el Congreso el proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad –apoyado por todas las organizaciones y fustigado por el Gobierno Nacional– este martes habrá una movilización al Ministerio de Salud de la Nación para exigir la actualización de aranceles. Será a las 10.30 en 9 de Julio 1925, CABA.

“Exigimos una respuesta del Director Ejecutivo de la ANDIS, Dr. Diego Spagnuolo, y del Ministro de Salud, Dr. Mario Lugones, quienes no han atendido el reclamo urgente de convocatoria a reunión de Directorio para actualizar los aranceles de las prestaciones. Sin actualización de aranceles, no hay inclusión posible”, convocaron desde el Foro Permanente Discapacidad.