Peña controlará la obra pública para explotar el eje anticorrupción en 2019

Apenas el presidente Mauricio Macri partió de vacaciones para pasar fin de año en Villa La Angostura, el jefe de Gabinete Marcos Peña quedó al mando del tablero de control del Poder Ejecutivo, que en los papeles debería correr por cuenta de la vicepresidenta Gabriela Michetti. La senadora estuvo en el primer piso de Balcarce 50, se fotografió con el ministro coordinador, pero la «gestión Peña» de la Casa Rosada arrancó hace una semana y concluirá dentro 15 días. Cuando el líder de Cambiemos regrese a Buenos Aires, Peña habrá concluido con una serie de movimientos dentro del gobierno que están concentrados en su rol como jefe de campaña de Cambiemos en un año clave para su futuro. El cuarto y último año de mandato de Macri arrancó el 10 de diciembre pero las primeras medidas efectivas de este tramo del poder las aplicó Peña para administrar la intrincada danza de medidas de gestión que se mezclarán con el diseño de la estructura pública para transitar un calendario electoral signado por comicios desdoblados en una decena de provincias, hasta las PASO nacionales de agosto y las presidenciales de octubre.

Uno de esos movimientos despertó rumores de interna palaciega, pero está directamente vinculado con la batería de recursos de los que dispondrá Peña para la campaña electoral de 2019. Se trata del decreto 1169/18 que dispuso la mudanza de la Oficina Nacional de Contrataciones del Ministerio del Interior, en manos de Rogelio Frigerio, a la Jefatura de Gabinete. El enroque implicó transformar ese registro en una nueva subsecretaría que depende del vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, y será «el Órgano Rector del Sistema de Contrataciones de Obras Públicas y Concesiones que lleven a cabo las jurisdicciones y entidades de la administración nacional». El traspaso afecta a los cuatro ministerios que ejecutan obras y fue propuesto por el «lilito» Fernando Sánchez, que es subsecretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete, y tiene a su cargo la «mesa de integridad»: el pool de funcionarios encargados de definir medidas «anticorrupción» luego del escándalo desatado por la causa de los cuadernos que instruye el juez federal Claudio Bonadio. Sobre el cierre de un año marcado por la detención de empresarios acusados de pagar coimas y su veloz transformación en «arrepentidos» para sustentar la prueba construida por el fiscal Carlos Stornelli, el cambio de órbita de la Oficina Nacional de Contrataciones responde más a las medidas y restricciones que aplicará el gobierno sobre los contratistas del Estado en el año electoral que se avecina, que a una interna de Peña con Frigerio.

«Algunos creemos que Peña se está comprando un quilombo con este traspaso, que tiene su lógica administrativa, pero sucede en un contexto complejo», contestó a Tiempo un funcionario con oficina fuera de Balcarce 50. «Las versiones sobre la pérdida del manejo de las obras de parte de Interior es una interpretación apresurada que surge de las internas de palacio, pero se trata de uno de los sustitutos que utilizará Marcos para no hablar de economía», agregó una fuente de Cambiemos.

En los papeles, el órgano que sanciona o habilita a las empresas para participar de licitaciones públicas depende de Peña, en un contexto económico donde «prácticamente no habrá obras nuevas ni nuevas licitaciones, pero sí habrá que definir qué pasa con las empresas sospechadas y denunciadas», confió un letrado que integra a los defensores del Estado, que reportan al procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. Una de las áreas que posiblemente tenga que terciar en casos clave, como el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que esta semana fue intervenido por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi porque considera que hay indicios suficientes sobre el pago de coimas desde la Unión Transitoria de Empresas que fundaron las empresas Odebrecht, COMSA, Ghella y Iecsa, que perteneció hasta 2017 al primo presidencial Angelo Calcaterra y fue vendida al magnate energético Marcelo Mindlin.

Peña al gobierno, Lopetegui al poder

El último día hábil del año concluyó con el despido de Javier Iguacel al frente de la secretaría de Energía, que depende del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. El otrora ministerio energético ahora quedó en manos del ex CEO de LAN, Gustavo Lopetegui quien, tal como reveló este diario hace dos meses, nunca perdió poder y tuvo un papel determinante para preservar a los millonarios con bienes en el exterior, que fueron beneficiados por el blanqueo de capitales y estuvieron a un paso de afrontar un aumento en la alícuota del impuesto que finalmente quedó en la nada.

La cabeza de Iguacel rodó dentro de un proceso de «empoderamiento» de Dujovne, cuya cartera de Hacienda sumará atribuciones en forma paulatina, dentro de un resideño del área hasta recuperar las atribuciones que tuvo el Ministerio de Economía que condujo Axel Kicillof hasta el 9 de diciembre de 2015. Si es por los deseos del ministro coordinador, la guillotina de cargos también incluirá, tarde o temprano, al actual secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, que depende del ministro de Producción y Trabajo Dante Sica, promovido en septiembre para quedarse con uno de los jirones que formaron parte del «Gabinete Económico» y controlar la degradación del Ministerio de Trabajo en Secretaría. «