"Hay unos veinte patrulleros y un helicóptero circulando en los alrededores", denuncian los empleados. Video.
Desde hace un mes, los trabajadores realizan una permanencia pacífica dentro del edificio, a resguardo de las maquinarias y de los puestos de trabajo, luego de que la empresa echara a 600 empleados, con el aval del Gobierno y del sindicato de Alimenticios.
«Estamos atentos porque el desalojo es inminente. Nos enteramos que en la estación de Florida hay unos veinte patrulleros y un helicóptero, circulando en los alrededores», denuncian los empleados.
El viernes último, el fiscal Gastón Larramendi pidió el desalojo de la planta. La decisión está en manos de la jueza Andrea Rodríguez Mentaste, quien se expedirá en las próximas horas. Los trabajadores piensan que la decisión será favorable a la empresa y así lo dio a entender la propia jueza el lunes último, cuando se reunió con los delegados: «La magistrada se negó a otorgar las mínimas garantías de que no llevará adelante un desalojo violento, pese a que se le informó que en la fábrica había trabajadoras y obreros que no pensaban abandonar su lucha por las amenazas de represión», contaron los trabajadores, quienes recordaron también «la ilegalidad en que se encuentra la empresa, al haber incurrido en el delito de lock out ofensivo, al cerrar la planta previo a la apertura del Procedimiento Preventivo de Crisis».
A través de la página de Facebook «Trabajadores de PepsiCo en Lucha por la Reapertura» difundieron el siguiente video:
El comunicado de la Comisión Interna de PepsiCo
«En estos momentos se está desarrollando un apresto represivo en la zona cercana a la fábrica con helicóptero rondando el perímetro y aumento de fuerzas policiales patrullando la zona. Denunciamos que avanzan en este intento represivo luego de que la jueza Andrea Rodríguez Mentasty ratificó que dará curso al desalojo y que el fiscal pidiera que fuese en horas nocturnas.
Esta misma jueza, a la que no le importa ordenar el desalojo violento de las trabajadoras y trabajadores de Pepsico que reclaman sus puestos de trabajo, tiene relaciones personales con miembros del PRO y se muestra públicamente junto a Gustavo Posse intendente de San Isidro. La empresa se encuentra en la más absoluta ilegalidad y ha sido denunciada penalmente en los juzgados de San Isidro a cargo de la jueza Arroyo Salgado por imponerle a los trabajadores un lock out ofensivo para obligarlos a retiros voluntarios.
La empresa ha realizado un procedimiento preventivo de crisis y previo a su apertura cerro la fábrica dejando en la calle a los trabajadores cuando la ley obliga a no cambiar las condiciones de trabajo mientras dura el trámite del preventivo. Llamamos a todas las organizaciones solidarias a que se acerquen a la fábrica en Roca y Posadas, Florida Oeste, Vicente López».
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