Es tras los polémicos dichos de Clara Muzzio. Además piden saber si las políticas de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud responden a los lineamientos expresados por la vicejefa porteña.
La semana pasada Muzzio calificó a la Educación Sexual Integral como una “trampa mortal” que instaló “una fuerte ideología de género” en los chicos, que les “destruyó la cabeza” y que transmite “ideas monstruosas” a través de una “ideología siniestra”; y remató diciendo que “hay dos sexos, el masculino y el femenino”.
Qué busca la iniciativa presentada
La iniciativa que lleva las firmas de los diputados Emmanuel Ferrario, Edgardo Alifranco, Sebastián Nagata, Graciela Ocaña, Horacio Rodríguez Larreta y Guadalupe Tagliaferri de CyD; Manuela Thourte de la UCR y Claudia Neira de FxBA; ademas indaga sobre si «las políticas de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud responden a los lineamientos expresados públicamente por la vicejefa de Gobierno de la Ciudad».
En ese sentido solicitan conocer los «fundamentos técnicos, sanitarios o pedagógicos que justifican dicha alineación, así como su impacto en las políticas vigentes». Y precisiones sobre los objetivos, programas, prestaciones y población destinataria de este tipo de políticas públicas.
Criterios pedagógicos
Los diputados y diputadas de la oposición le solicitan al Gobierno porteño información respecto a los lineamientos, criterios pedagógicos y objetivos que actualmente orientan la implementación de la ESI en los establecimientos educativos de la Ciudad y qué evidencia técnica, pedagógica o estadística sustenta las modificaciones o cuestionamientos formulados públicamente respecto de dicha política. En ese sentido, solicitaron conocer qué reformas curriculares, metodológicas o de capacitación docente implementó o prevé implementar el Ministerio para fortalecer la ESI, entre otros puntos.
¿La Ciudad limita la IVE?
Otros de los cuestionamientos presentados en la iniciativa, apunta a saber si la política de salud sexual y reproductiva se limita a garantizar el acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE/ILE) o si comprende, conforme al enfoque de «prevención combinada» promovido por la propia Ciudad, la provisión de preservativos, testeo, profilaxis pre y post exposición (PrEP y PPE), diagnóstico, tratamiento y demás acciones de prevención de infecciones de transmisión sexual.
Las y los legisladores, además, solicitaron detalles sobre el crecimiento de enfermedades de transmisión sexual, la entrega de insumos para prevenirlas y la cantidad de personas que fueron atendidas por estos motivos en los dispositivos de salud del Gobierno porteño. También, solicitaron precisiones sobre la cantidad de consejerías de salud sexual y reproductiva en escuelas y Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) porteños que dejaron de funcionar o redujeron su frecuencia desde el 2024 a la fecha.
Fundamentos del proyecto
En el documento presentado, cada uno de los espacios políticos puso el foco en los dichos de la vicejefa de Gobierno. «Estas declaraciones no son menores. No fueron pronunciadas por una ciudadana o dirigente sin responsabilidades de gestión, sino por quien ocupa el segundo cargo más alto del Poder Ejecutivo de la Ciudad”, destacan en la iniciativa.
“Cuando una funcionaria de ese rango institucional deslegitima una ley vigente y sugiere que su implementación debería ‘revisarse’, el problema deja de ser una opinión personal para convertirse en una señal política sobre el rumbo que el Ejecutivo porteño podría estar dándole –o pretender darle en el futuro– a una política pública con marco legal expreso», agregan.
«La ESI no es un contenido optativo ni una construcción ideológica de un sector político: es una política de Estado con casi dos décadas de desarrollo, sustentada en evidencia respecto de sus efectos positivos en la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, la detección temprana de situaciones de abuso, la reducción de la violencia de género y el fortalecimiento de vínculos basados en el respeto y el consentimiento”, puntualizan en el documento.
Por último señalan que “poner en duda su legitimidad o atribuirle responsabilidad exclusiva por el aumento de infecciones de transmisión sexual (ITS) desde un cargo de Gobierno, sin contrastarlo con la evidencia comparada, no solo desinforma, sino que deja en un lugar de desprotección institucional a niños, niñas y adolescentes que hoy acceden a esa educación como derecho».
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