En Tucumán fueron juzgados por crímenes de lesa humanidad cometidos desde febrero de 1975. Siete acusados fueron absueltos.

Los otros condenados a perpetua son Luis Armando De Candido, Ricardo Oscar Sánchez, Miguel Ángel Moreno, Jorge Omar Lazarte y Enrique José del Pino, mientras que otros cuatro imputados recibieron penas que oscilan entre los 10 y los 18 años de prisión,y los restantes siete fueron absueltos.
Los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga, que integran el TOF de Tucumán, decidieron las condenas que fueron dadas a conocer esta tarde en los tribunales ubicados en Chacabuco y Crisóstomo Álvarez, de la capital provincial.
En las puertas del tribunal, la lectura del veredicto fue seguida por militantes de organizaciones sociales, representantes de partidos políticos y de derechos humanos.
También fueron condenados Manuel Rubén Vila (10 años de prisión), Jorge Gerónimo Capitán (16 años) y Néstor Rubén Castelli (18 años).
Pedro Adolfo López recibió un castigo de 4 años pero el tribunal ordenó su inmediata liberación atento a los años que permaneció en prisión antes del fallo.
En tanto, fueron absueltos Jorge Ernesto Cuesta, José Luis del Valle Figueroa, Alberto Alfredo Svendsen, Francisco Camilo Orce, José Roberto Abba, Omar Edgardo Parada y Ramón César Jodar.
Los ex miembros de las fuerzas armadas y ex policías condenado fueron acusados por los delitos de secuestros, desaparición forzada de persona, violación de domicilio, torturas, violaciones sexuales, robo y asociación ilícita en perjuicio de 271 víctimas.
Los delitos que se cometieron durante el Operativo Independencia, que se inició con un decreto firmado por la ex presidenta Estela Martínez de Perón el 5 de febrero de 1975 que bajo el argumento de «neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos en la provincia de Tucumán» ordenaba a las fuerzas armadas iniciar el plan represivo primero comandado por Acdel Vilas y luego por Antonio Domingo Bussi.
El operativo implicó la ocupación del territorio provincial por parte del Ejército Argentino, y bajo su control operacional se encontraban las policías federales, provinciales, la Gendarmería Nacional y los servicios penitenciarios.
El juicio que finalizó había comenzado el 5 de mayo de 2016, con la participación de 409 testigos y 22 declaraciones domiciliarias.
El tribunal además realizó ocho inspecciones oculares que incluyeron ex ingenios, cárceles y escuelas que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la dictadura.
«Hoy compartimos con hermanos y hermanas, con familiares, con sobrevivientes, la sentencia del Operativo Independencia. Mas allá del sabor amargo que dejaron las absoluciones y algunas condenas muy bajas, hoy se comprobó que el terrorismo de estado comenzó antes del 24 de marzo del 76 y que la Escuelita de Famaillá fue el primer centro clandestino de la Argentina. Gracias a cada uno de los compañeros y compañeras que durante todos estos años lucharon para llegar a este día. Vamos a seguir luchando por más Memoria, Verdad y Justicia. Se lo debemos a nuestros 30.000»
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