Perpetua para dos militares por la desaparición y asesinato de Ana María Martínez a finales de la dictadura

El Tribunal Oral en los Criminal Federal 5 de San Martín condenó hoy prisión perpetua a Jorge Norberto Apa y Raúl Muñoz por la muerte de la militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) Ana María Martínez, secuestrada y asesinada en febrero de 1982, en lo que se considera como el último caso de desaparición cometido por la dictadura cívico militar.

Los jueces Silvina Mayorga, Daniel Gutiérrez y Marcelo Díaz Cabral, condenaron este martes como coautores del homicidio agravado y la privación ilegal de la libertad a los represores Jorge Norberto Apa, Jefe del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo y de Guillermo Raúl Pascual Muñoz, jefe del Departamento Personal (G-1) del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares.

Los genocidas comenzaron a ser juzgados el 11 de octubre pasado por el secuestro de la militante del PST, Ana María Martínez. La mujer fue capturada en General Sarmiento pero su cuerpo acribillado a tiros fue encontrado el 12 de febrero de 1982 en una zanja en Punta Querandí, cerca del Delta de Tigre, zonas que durante la dictadura cívico militar estaban bajo jurisdicción del Comando de Institutos Militares.

“Ana María fue la última militante del PST asesinada. Para febrero del 82 la dictadura había variado algo sus métodos, pero en el juicio se comprobó que el Partido Socialista de los Trabajadores venía siendo investigado por la (Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense) DIPPBA, que tenían infiltrado a Juan Carlos Peters (espía policial ya fallecido) que fue el que la marcó”, resaltó a Tiempo el abogado querellante Maximiliano Chichizola, que representó a la secretaría de Derechos Humanos provincial.

La Comisión Provincia por la Memoria (CPM) aportó al juicio el legajo 17949 de la Mesa DS (Delincuentes Subversivos) del archivo de la DIPPBA, que llevaba por título “Trabajo de Infiltración en PST”, donde el jefe de la Delegación de San Martín informa el seguimiento de Ana María y otros militantes de ese partido desde 1981.

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En la causa también estaba imputado Héctor Luis Ríos Ereñú, en su carácter de Jefe del Departamento de Operaciones G3 del comando de Institutos Militares, pero no llegó al debate porque falleció en junio del año pasado.

Además de llevar justicia al asesinato de Ana María, la condena a Norberto Apa abrió también la posibilidad de avanzar en otras causas en las que están involucrados agentes de la Dippa, como el expediente por el secuestro y tortura de tres militantes del Partido Comunista en julio de 1981, que tiene como sospechosos al militar y tres espías policiales, entre ellos el actual Fiscal General de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello.

Ana María fue secuestrada el 4 de febrero de 1982, en las postrimerías de la dictadura, poco antes de la guerra de las Islas Malvinas. Entre 1982 y 1983 los episodios de represión ocurrían de manera más aislada. La aparición del cadáver baleado de Ana María impactó en la sociedad, que empezaba a correrse la venda, y los medios comenzaban a registrar las violaciones a los derechos humanos. El homicidio de la militante del PST fue noticia destacada durante muchos días. Incluso en la revista Gente, que transitó la dictadura entre la complicidad y la negación del terrorismo de Estado, dedicó una tapa al tema. ¿Quién mató a Ana María Martínez?, publicó la revista.

Para el abogado querellante Pablo Llonto el secuestro y crimen de la militante fue un aviso a la militancia política de ese momento: “En 1982 parecía que se abría la posibilidad de que la militancia sacara un poco la cabeza y este fue un intento del Terrorismo de Estado de decir ‘aquí estamos, ni se atrevan’”, explicó en declaraciones a este diario.