Perú ante el fantasma de un conflicto de poderes a la venezolana

El presidente peruano Martín Vizcarra dio por superado el conflicto político que lo llevó a disolver el lunes el Congreso, luego de una semana de alta tensión y crisis de gobernabilidad. De todas maneras, los partidos de la oposición encabezada por la alianza conservadora de Fuerza Popular (FP, fujimorista) y Aprista Peruano (PAP), con mayoría en el Parlamento, continúan en su estrategia de adelantar las elecciones generales, tras fallar en el intento de instaurar un gobierno provisorio encabezado por la vicepresidenta Mercedes Aráoz, quien había jurado como jefa del Estado ante el voto por mayoría simple que decidió la suspensión de Vizcarra.

La jugada remeda lo que ocurre con la oposición liderada por Juan Guaidó en Venezuela, a quien la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, nombró «presidente interino» en enero pasado y desde entonces convive virtualmente con el poder que mantiene el presidente Nicolás Maduro. La jugada, sin embargo, duró poco en Perú. Aráoz renunció al cargo conferido por el Congreso dos días después de su nombramiento. Ambas decisiones carecieron de valor institucional para el gobierno, que cuenta con el apoyo de las fuerzas armadas. «Ella renunció ante el presidente del Congreso, y el Congreso no existe, ha quedado disuelto», dijo el jefe del gabinete, Vicente Zeballos.

En tanto, el presidente del Congreso, Pedro Olaechea sostuvo que el país sufre un «estado de acefalía» y propuso que renuncien tanto Vizcarra como los legisladores y se convoque a elecciones. La salida al conflicto la deberá resolver el Tribunal Constitucional (TC), para lo cual el fujimorismo apuesta a conseguir el nombramiento de Gonzalo Ortiz de Zevallos como miembro. De esa manera el TC pasaría a tener mayoría de jueces afines al sector del expresidente Alberto Fujimori. El TC debería pronunciarse sobre la demanda de competencia presentada por Pedro Olaechea -primo de Ortiz de Zevallos, acerca de la disolución del parlamento. Además debe resolver sobre los recursos de hábeas corpus presentados por la jefa de FP, Keiko Fujimori -en prisión preventiva por corrupción y lavado de dinero-, y su padre, quien pide que se deje sin efecto la resolución judicial que anuló su indulto.

Vizcarra dispuso la disolución del Congreso, en el que actualmente funciona una comisión de 27 miembros, invocando una facultad que le confiere la Constitución, y llamó a elecciones para su nueva integración para el 26 de enero próximo. La carta magna faculta -no obliga- al presidente a disolver el parlamento una vez que este haya denegado confianza al gabinete del Ejecutivo por segunda vez en un mismo período de gobierno. Después del intento fallido de suspender al presidente e instalar una presidencia paralela, Vizcarra acabó conformando un nuevo gabinete de 19 ministros, entre los que destaca el cesado parlamentario fujimorista disidente Francesco Petrozzi como titular de Cultura.

Tras la conformación del nuevo equipo, Vizcarra dio «por superada esta etapa de confrontación», y sostuvo que sus decisiones «han sido (tomadas) respetando escrupulosamente a la democracia y Constitución». Tras lo cual reanudó sus giras de trabajo por las provincias. «